El presidente del directorio de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez, manifestó que “se confirma la percepción de que la justicia en Bolivia está podrida”, luego que este 22 de junio de 2022 fuera liberado Paulino Camacho Vedia, identificado como uno de los autores del secuestro de 17 personas, entre ellos seis periodistas, ocurrido el 28 de octubre del año pasado, en el predio agrícola Las Londras del municipio de Guarayos.

El representante del ente gremial anunció a la Unidad de Monitoreo de la ANP la decisión del sector para impugnar la liberación del sindicado.

Las investigaciones permitieron detener a Paulino Camacho el pasado 11 de febrero y dos días después el juez Roberto Hurtado, de la provincia Guarayos, lo envió a la cárcel con prisión preventiva por 180 días, al imputarlo por los delitos de lesiones graves y leves, privación de libertad, robo agravado, tenencia, portación ilícita de arma de fuego y tentativa de homicidio.

Empero, el mismo juez Hurtado, cambió su decisión y 131 días después otorgó al sindicado el beneficio de arresto domiciliario, sin escolta policial, pese a que Camacho ya había escapado de un primer intento de ser apresado el 24 de noviembre pasado, en el municipio de San Julián, tras incitar a sus coterráneos a que atacaran con armas de fuego a una comisión de fiscales y la escolta policial que lo interceptaron con un mandamiento de apremio.

La asesora legal de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Raquel Guerrero, lamentó que el juez Hurtado se hubiera basado en un certificado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap) y un informe de una sicóloga del penal del Centro de Readaptación Productiva (Ceprom) del centro penitenciario para sacar de la cárcel por ‘buen comportamiento’ a Camacho Vedia, pese a que es considerado incluso más peligroso que Heberto Sixto Canaza, el segundo detenido por este caso y cuya orden de prisión preventiva fenece el venidero 27 de junio.

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que representa a los principales diarios de Bolivia alertó, el pasado 6 de junio, que el lento avance de las investigaciones inscribe este caso en medio de muchos expedientes de agresiones a periodistas y medios de comunicación sin atención oportuna y sin el debido proceso.

Méndez agregó que el juez no tomó en cuenta que Paulino Camacho fue identificado plenamente en imágenes de video cuando amenazaba con un arma de fuego a Percy Suárez de la red televisiva ATB, uno de los periodistas secuestrados y torturados, junto a cuatro policías y siete trabajadores del predio productivo Las Londras.

La propiedad había sido avasallada por encapuchados, incidente que motivó la presencia de periodistas que llegaron en la mañana del 28 de octubre de 2021, hasta el lugar para realizar la cobertura del hecho delictivo y terminaron siendo víctimas.

Los trabajadores de la prensa afectados son: Jorge Gutiérrez del diario El Deber, Silvia Gómez y Sergio Martínez de Unitel, Mauricio Egüez y Nicolás García del canal Red Uno, Percy Suarez de la red televisiva ATB, mientras que Róger Ticona de PAT pudo escapar pese a los disparos que recibió cuando se alejaba del lugar y pudo dar la voz de alerta a las autoridades, lo que permitió que el plagio cesara al atardecer del mismo día.

PREVARICATO

En un comunicado, la Asociación de Periodistas de Santa Cruz considera que con el reciente fallo el juez Hurtado ha incurrido en la figura de prevaricato, por lo que además de presentar una apelación se evalúa iniciar un proceso contra el magistrado y solicitar una auditoría judicial del expediente ante el Consejo de la Magistratura.

La organización anunció que no cesará en su pedido de que “se haga justicia contra quienes atentaron contra los periodistas vulnerando además del derecho a la vida y la integridad personal, también la libertad de prensa, la propiedad privada y el derecho a la paz”.

La diputada de la opositora Creemos, María René Álvarez, afirmó que esta determinación judicial de liberación de un responsable del secuestro de periodistas, se adopta “en momentos en que el país ve con profunda preocupación la escalada de violencia con la presencia de grupos armados vinculados al narcotráfico y terrorismo. El grupo de avasalladores liderado por Camacho es militante del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) a quienes se ofreció tierras, supuestamente de propiedad del Estado, a cambio de ingresar a oriente, con fines políticos”, expresó la legisladora. (ANP)