El gobierno de Evo Morales cometió al menos tres errores en la adquisición de radares, el primero por conformar un equipo de políticos sin experiencia, no tomar en cuenta los costos del montaje de los equipos y el orden logístico, manifestó a EL DIARIO el coronel en servicio pasivo del Ejército, Jorge Santistevan.

“No se conoce a cabalidad las condiciones del contrato de compra de los radares, una inversión sin beneficios para el Estado, cuyo objeto era proporcionar seguridad al espacio aéreo, combatir al narcotráfico y garantizar la seguridad de las operaciones aéreas comerciales. Se advierte al menos tres errores en la compra”, dijo.

Precisó que se compraron en total 13 radares de los cuales nueve son primarios de uso militar para preservar la soberanía nacional y cuatro son secundarios para el control del tránsito aéreo comercial. De los últimos cuatro se previeron dos radares móviles para cubrir zonas de difícil transitabilidad.

Para el funcionamiento de los radares se organizó una estructura integrada por civiles y militares: Un Comando Operacional de Defensa Aérea, (Cosdea), con sede en la ciudad de La Paz operado por la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).

Asimismo, se organizó un Sistema Integrado de Transito y Control Aéreo (Sidacta) dependiente del Cosdea, que opera en la ciudad de Cochabamba. Finalmente se dio origen a un Centro de Información y Control (CIC) que actualmente funciona con algunas consolas para la recepción y almacenamiento de datos. “Una impresionante estructura pero que solo existe en cuadros”.

ERRORES

En criterio de Santistevan, el gobierno de Evo Morales cometió errores que se subsumen en delitos, en la adquisición de estos radares.

El primer error en criterio del militar en servicio pasivo es haber conformado un equipo de políticos sin experiencia y allegados al Ministerio de la Presidencia para la adquisición de radares.

Otro error identificado es de orden presupuestario, al no tomar en cuenta los costos de la implementación y montaje de los equipos y radares en los puntos estratégicos del país, con la respectiva infraestructura y personal capacitado de planta.

Otro error tiene que ver con el orden logístico porque no previeron, antes de la adquisición, el material de vuelo y aeronaves de interceptación, tripulación, así como energía autónoma para el funcionamiento de los radares y tampoco tomaron en cuenta elementos de rigor.

“No tomaron en cuenta la capacitación de los operadores, ya que los técnicos franceses capacitaron personal y algunos de ellos ya se jubilaron, incluso otros fueron cesados de sus funciones. La construcción de infraestructura para el personal y los equipos, como galpones, hangares, oficinas, depósitos de materiales, barreras de seguridad para las antenas, paneles de control y otros”, precisó.

Asimismo dijo que se ha previsto el contrato de personal para asegurar que el sistema funcione las 24 horas del día durante todo el año sin pausa, un mínimo de 600 personas entre civiles y militares.

“No se ha previsto el presupuesto para el pago de salarios y consumo de energía permanente y la adquisición de aviones de interceptación aérea similares a los súper tucanos del Brasil; de manera tal que a las mencionadas falencias e incapacidad actual del Gobierno se suma la falta de interés para no implementar este sistema de control aéreo por cuanto de ello depende la interdicción al narcotráfico, situación que tampoco les conviene a los cocaleros liderados por Evo Morales, porque el 95 % de la hoja de coca ingresa a la factoría de drogas, (cocaína, clorhidrato de cocaína y pasta base). Mientras tanto se mantendrá la intensidad del narcotráfico sobre el espacio aéreo boliviano principalmente sobre la franja delimitada por el sud-este boliviano y el nor-oeste paraguayo por cuanto son los dos únicos Estados de la región sudamericana que no cuentan con el sistema Sidacta de control del tránsito aéreo”, advirtió.

Asimismo dijo que a seis años sin implementar este sistema, se percibe negligencia que amerita ser investigada para someter a proceso a los responsables de un proyecto incompleto y mal diseñado por el gobierno de Evo Morales.

“Le han dado importancia al negociado antes que al asesoramiento técnico de las Fuerzas Armadas y finalmente queda claro que el gobierno actual no tiene capacidad ni poder de decisión para poner en funcionamiento todos los radares en el país, mientras la DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil) y Naabol (Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos) firmes al servicio del jefe y el partido”, lamentó.

GOBIERNO

Mediante una conferencia de prensa, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, aseguró que existe un avance mayor al 90% en la instalación de los radares referidos y que este proyecto ya se encuentra en su fase final.

“Hay un avance de más de 90%, 94%, que eso para nosotros es muy importante. Lo otro que quiero dejar claramente establecido también es que estamos prácticamente en la última fase para poner ya en operación en funcionamiento estos radares”, indicó.

Detalló que el proyecto forma parte de un sistema para el control de todo el espacio aéreo en territorio nacional, mismo que fue afectado por la pandemia del covid-19 y las medidas aplicadas a nivel mundial para la contención de contagios en el año 2019.

“Estos radares que se han construido por la empresa Thales tienen que entrar en funcionamiento y para que ingresen en funcionamiento estamos en tratativas con las empresa que es la constructora”, dijo.

INFORMES ELUDIDOS

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, no se presentó el jueves al Pleno del Senado de la Asamblea Legislativa Plurinacional donde debería brindar un informe oral sobre los 13 radares que no fueron instalados hasta la fecha en el país; el senador de la agrupación Creemos Henry Montero detalló que la autoridad ya eludió tres veces las peticiones de informe y lo acusó de obstaculizar la labores fiscalización.

Montero explicó que el 20 de enero solicitaron al ministro de Defensa una Petición de Informe Escrito (PIE) sobre la instalación de los 13 radares de lucha contra el narcotráfico y contrabando, pero no tuvieron respuesta. Después reenviaron la petición de informe con una conminatoria para el 15 de marzo, tampoco recibieron la información solicitada.

DENUNCIA PENAL

La diputada por Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar, anunció la presentación de una denuncia penal por incumplimiento de deberes contra Novillo, por no haber suscrito un convenio para la instalación y uso de radares que controlen el tráfico aéreo en territorio nacional.

Calificando como vergonzosas las declaraciones del titular en Defensa sobre el estado de la implementación de radares para el control aéreo, Nayar afirmó que todos los responsables por este supuesto hecho de corrupción, deberán responder ante la justicia por las afectaciones a la economía del Estado a causa de un proyecto no ejecutado hasta el presente.

“Se había llevado adelante una contratación para la implementación de los radares en la gestión 2016, se firmó en Palacio de Gobierno un contrato con el representante legal de la empresa encargada”, dijo.