A pesar de que la Constitución Política del Estado (CPE) señala que todo expresidente debe ser procesado en un juicio de responsabilidades, el Gobierno pretende sumar un quinto proceso contra la expresidenta Jeanine Añez, en la vía ordinaria, esta vez por la emisión de dos decretos supremos, informó a EL DIARIO el abogado Luis Guillén.

Guillén que patrocina a la expresidenta aclaró que si bien no fueron notificados aún con el nuevo proceso iniciado por el Viceministerio de Transparencia, lo más probable es que la Fiscalía aperture el caso, tomando en cuenta que se trata de una “persecución política”.

Apuntó que el juicio ordinario por el presunto nombramiento ilegal en la Empresa Boliviana de Alimento (EBA), cuando Añez estaba al mando del país, da pie a todos los procesos que al Gobierno se le ocurra, solamente con el afán de hacer de la detención preventiva “una detención perpetua”.

Asimismo, el jurista explicó que en este caso, no solo Añez fue denunciada sino todo el gabinete que la acompañó.

“Se estaría pretendiendo enjuiciar a la exmandataria por la promulgación del Decreto Supremo (DS) 4272, en el marco del programa de reactivación del empleo, y del DS 28932, el cual establece el aprovisionamiento de combustible Jet-Fuel. Con estos dos DS estamos hablando de un acto presidencial, sin embargo se lo pretende juzgar vía justicia ordinaria. Estamos hablando de actos emitidos por una Presidente de Estado y por todo su gabinete”, advirtió.

La denuncia del Gobierno refiere que por la promulgación del DS 4272, emitido en junio de 2020, hubo un daño económico siendo que se autorizó la venta de Jet-Fuel a precio reducido para operaciones aéreas internacionales, medida contraria a un DS de Evo Morales, el cual sólo permitía el precio subvencionado para vuelos nacionales.

Guillén recordó que los DS promulgados por Añez responden a la reactivación del empleo que surgió a raíz de la pandemia mundial por el covid y la necesidad de que personas regresen a sus lugares de origen por el cierre de fronteras.

PROCESOS CONTRA AÑEZ

El primer proceso que enfrenta Añez es a denuncia de la exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS) Lidia Patty, por un supuesto golpe de Estado, donde está imputada por sedición conspiración y terrorismo. Por este caso, la jueza Regina Santa Cruz ordenó, el 14 de marzo de 2021, la detención preventiva de la expresidenta en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes.

El otro proceso es a denuncia de la Procuraduría y el Ministerio de Gobierno, también por el supuesto caso golpe de Estado. En este caso, la expresidenta fue acusada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

Por este caso, en junio de 2022, Añez fue sentenciada a 10 años de prisión. La sentencia fue apelada y el 2 febrero de 2023, Añez recusó a dos vocales de la Sala Penal Cuarta de La Paz, que estaban designados para atender la audiencia de apelación. El argumento fue que ambos juristas, Claudia Castro y Orlando Rojas, emitieron criterio anticipado; sin embargo, sus antecedentes los apuntan como jueces afines al Movimiento al Socialismo (MAS).

El 7 de febrero, Castro determinó rechazar la recusación, con lo cual ratificó que su Sala Penal tratará la apelación contra la sentencia.

Otro proceso que se le sigue en la vía ordinaria es el iniciado por la EBA, por un presunto nombramiento ilegal de la máxima autoridad de esa instancia. Por ese caso, el juez Heber Gonzalo Torrejón, le impuso una detención preventiva por cuatro meses.

En la audiencia la expresidenta dijo: “Hagan lo quieran, pueden darme la pena de muerte si quieren o cadena perpetua por agradar a sus jefes políticos. Que, aunque no está en el ordenamiento jurídico ustedes lo pueden hacer y háganlo, pero ya basta. A mí déjenme en paz”.

Asimismo, el 24 de enero de 2023, el juez Marco Antonio Amaru, se declaró competente para procesar en la vía ordinaria a Jeanine Añez por genocidio en el caso Senkata.