El Ministerio Público anunció que en audiencia de medidas cautelares pedirán la detención preventiva del ejecutivo de la Federación Universitaria Local (FUL) de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Álvaro Q., quien fue aprehendido ayer después de declarar por el presunto delito de conducta antieconómica. La fiscal Magaly Bustamante manifestó que el detenido se acogió a su derecho de guardar silencio.
“Ha decidido acogerse al derecho de guardar silencio (…). Ministerio Público ha hecho la lectura por tres ilícitos penales, sin embargo, la documentación que se ha aglutinado al cuaderno de investigaciones da para realizar la imputación por el delito de conducta antieconómica, preliminarmente”, dijo Bustamante.
La representante del Ministerio Público manifestó que el proceso es por tres viajes que realizó el hermano del ejecutivo de la FUL, Sergio Q., uno al interior y dos al exterior del país (Venezuela, Cuba y Tarija), quien presuntamente fue beneficiario por ser un estudiante destacado y meritorio de representar a la Universidad Mayor de San Andrés.
“Se solicitó la invitación que se había cursado a la UMSA, (y reza) que sean líderes, representantes destacados, (sin embargo) estableciendo que por el récord académico se registra que Sergio Q., tiene 146 materias reprobadas en 18 años que se encuentra registrado o matriculado en la UMSA”.
Bustamante precisó que los viajes fueron realizados entre 2019 a 2022. En uno de ellos se invirtió más de Bs 370.000, monto que cubrió gastos del seguro de viaje, pasajes y viáticos para 16 estudiantes universitarios por un lapso de tres días.
Se espera que en las próximas horas la autoridad judicial defina la situación jurídica del ahora aprehendido.
El ejecutivo de la FUL ejerce el cargo por tercer periodo consecutivo. Fue cuestionado en meses anteriores como “dirigente dinosaurio”, puesto que lleva más de 20 años en la universidad.
Asimismo, desde el 22 de mayo se encuentra con detención preventiva el presidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), Max Mendoza, por haberse beneficiado de manera irregular con el nombramiento de secretario nacional a.i. del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) con el pago de haberes y beneficios sociales, sin cumplir con los requisitos mínimos para ocupar el cargo.