La Fiscalía que investiga el incendio del edificio del Tribunal Departamental Electoral (TED) en la ciudad de Sucre, en la noche del 21 de octubre de 2019, citó bajo advertencia de “mandamiento de aprehensión” a varios periodistas como testigos del hecho, y tras reclamos de representantes sindicales la entidad judicial dejó sin efecto las conminatorias.

La Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) alertó que este es el cuarto caso de convocatorias de fiscales a periodistas en los últimos dos años, y expresó su preocupación por que los administradores de justicia muestran desconocimiento del secreto de la fuente informativa consignada en la Ley de Imprenta.

Un reporte del diario Correo del Sur confirmó las citaciones y difundió declaraciones del secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Chuquisaca, Wilder Díaz, con el anuncio de la Fiscalía para dejar sin efecto luego de un reclamo verbal del representante.

El comunicador de la Fiscalía, José Luis Tarquino, informó mediante sus redes sociales que “En ese marco, y previo análisis de los fiscales sobre este caso, determinaron dejar sin efecto las mencionadas citaciones… La Fiscalía General del Estado reitera el respeto y reconocimiento a la labor que cumplen cada uno de los periodistas y los medios de comunicación”.

La Asociación de Periodistas de Chuquisaca se declaró en “estado de alerta” y afirmó que la acción de la Fiscalía “…trata de convertir a los periodistas en soplones o delatores, cuando su función profesional en cualquier hecho noticioso, está garantizada por la Constitución y la Ley de Imprenta…” que tiene como característica el secreto de prensa.

“Los periodistas de Chuquisaca nos sentimos amedrentados y acosados por el intento de judicializar el libre ejercicio del periodismo. No es la primera vez que se intentan violar estas garantías… No es casual que esto ocurra, no solo en Chuquisaca, sino en el nivel nacional, ya que colegas en todo el país han sufrido esta forma de intimidación…”

Correo del Sur confirmó que el dirigente Wilder Díaz recibió una comunicación de los fiscales a cargo del caso Javier Gorena, Christian Suárez y Fernando Aragón, fechada en 27 de julio, que dispone “dejar sin efecto todas las citaciones franqueadas, que se encuentren dirigidas a miembros de la prensa”.

DATOS

Los datos de la Unidad de Monitoreo de la ANP señalan que en julio de 2021, una fiscal encargada de investigar la muerte de un policía durante un conflicto de cultivadores de hojas de coca en los Yungas de La Paz, requirió a dos emisoras la entrega de listas de entrevistados y copias de informes periodísticos.

En la misma investigación, la Fiscalía llamó a cuatro periodistas a prestar declaraciones y las dos exigencias quedaron sin efecto tras la protesta de la ANP, que representa a los principales diarios de Bolivia, y reclamó respeto a las garantías constitucionales.

El 30 de noviembre de 2021, la ANP expresó rechazo a la convocatoria de un fiscal al periodista de investigación del diario El Deber, Guider Arancibia, en calidad de testigo, dentro de una indagación sobre el uso de bienes incautados para apoyar a grupos de choque del partido gobernante.