Los fiscales a cargo del caso denominado Huayllani dejaron sin efecto la citación a declarar al periodista Javier Martín Colque Rollano y al camarógrafo Robert José Valdivia Gutiérrez como “testigos presenciales” de los sucesos violentos del 15 de noviembre de 2019 ocurridos en Huayllani, localidad del municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba.

“En mérito a lo señalado por los investigadores asignados al caso, considerando que los testigos Javier Martín Colque R. y Robert José Valdivia Gutiérrez no fueron notificados con las formalidades previstas en el art 163 del CPP (notificación personal), se deja sin efecto el requerimiento de fecha 31 de agosto del año en curso”, señala el requerimiento fiscal fechado el 9 de septiembre al que accedió la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).

De acuerdo a esa citación del 31 de agosto, la segunda expedida por la comisión de fiscales encargada de las investigaciones de los hechos de noviembre de 2019, ambos trabajadores de la prensa debían comparecer en las oficinas de la Fiscalía de Sacaba ayer 12 de septiembre a las 9:00, “bajo la alternativa de expedir mandamiento de aprehensión”.

Colque y Valdivia fueron inicialmente citados el 19 de agosto para el 30 de agosto, para prestar declaración en calidad de testigos en el caso “Huayllani” seguido en contra de Alfredo Cuellar Mercado y otros por la presunta comisión de los delitos de genocidio, asesinato y otros delitos, pero no comparecieron.

A través de un memorial Colque alegó que estuvo presente en el lugar de los hechos cumpliendo su labor periodística, como parte del equipo de prensa de un medio televisivo, por tanto, corresponde tratar el caso dentro del marco de la Ley de Imprenta de 1925, en vigencia. No obstante, esta argumentación, los fiscales emitieron una nueva citación al día siguiente, el 31 de agosto.

Ante estas citaciones, la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia y la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba (FSTPC), a través de pronunciamientos, expresaron su rechazo a la conminatoria a los dos trabajadores de la prensa y la amenaza con órdenes de aprehensión en caso de no asistir a declarar.

Recordaron a los fiscales que está vigente la Ley de Imprenta que es la jurisdicción que compete en lo que respecta al trabajo de la prensa en Bolivia y que la Constitución Política del Estado (CPE) en su artículo 106, inciso II, establece que los periodistas ejercen su labor “mediante las normas de ética y autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley”.

Asimismo, el artículo 106 de la CPE “garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información”.

En consecuencia, por el caso de Colque y otros similares que se están dando en otras regiones del país, la Confederación exhortó a las autoridades que administran justicia “no ignorar y respetar nuestras normativas que protegen el Derecho Humano a la Libertad de Expresión instituida en el país y en el artículo 19 de la Carta de Declaración de Derechos Humanos” y piden revertir las conminatorias para luego acudir a las instancias que regulan a la prensa en el país.