Del 1 de enero al 30 de septiembre de esta gestión, se reportaron 94 huérfanos por feminicidio, de esa cifra 84 son menores de edad. El mayor número se encuentra en Santa Cruz con 30, le sigue La Paz con 25, Cochabamba 22, Beni ocho, Potosí cuatro, Tarija tres, Oruro uno y Chuquisaca uno, según datos del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres.

Hasta julio pasado, la Defensoría del Pueblo reportó que entre enero y el 19 de julio en el país se han registrado 50 muertes violentas de mujeres, 23 infanticidios “y existen 89 huérfanos víctimas de feminicidio”.

La Fundación Voces Libres, dedicada a la defensa de víctimas de violencia, lamentó en un comunicado de prensa que estos menores “ya eran invisibles cuando sus padres o sus padrastros ignoraban sus lágrimas y las súplicas con las que intentaban frenar golpes sobre los rostros y los cuerpos de sus madres”.

“Ahora que ya no tienen a mamá, porque fue asesinada, ni a papá, porque está en la cárcel o porque se quitó la vida, los huérfanos del feminicidio siguen siendo invisibles para un Estado que nunca se hizo cargo de ellos desde que la Ley 348, que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, fue promulgada en 2013”, denunció la fundación.

Voces Libres recordó además que si ningún familiar puede hacerse cargo de ellos por falta de recursos o porque incumplen los requisitos, los menores son enviados a orfanatos u hogares de acogida, “pero el Estado no se ocupa de ellos, no les asigna una pensión ni vela por su estudios”.

En julio de 2019, la Defensoría del Pueblo entregó a la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley de Medidas de Asistencia Estatal Integral para Hijas e Hijos Víctimas de Feminicidio, empero no fue aprobado por los legisladores desde entonces. En abril de 2021 hubo otro intento para que ingrese en agenda, pero también fracasó.

La diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), María Alanoca, en marzo de este 2022 consiguió que el proyecto vuelva a ser tomado en cuenta.

La Defensoría del Pueblo informó el 6 de abril de 2022 que la propuesta se encuentra en tratamiento en la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados.

Este medio trató de comunicarse con algún miembro de esa comisión, pero vanos fueron los intentos.

Por otro lado, el director de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal, Sergio Fajardo, informó que del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022 el Ministerio Público registró 69 feminicidios y 29 infanticidios en todo el país, casos que son investigados.

“LALITO”

Un 3 de marzo de 2017, Edson España acabó con la vida de Alejandra, su pareja y madre de su hijo de dos años, asestándole 17 puñaladas. La escena desgarradora era observada por Óscar Eduardo, conocido como “Lalito” que en ese entonces tenía 10 años y clamaba por auxilio para salvar a su mamá. Su pedido no fue escuchado por ningún vecino de la zona y, para silenciarlo el agresor lo mató con 10 estocadas. Ese feminicidio dejó tres huérfanos, uno de ellos tiene discapacidad y hasta el momento la familia no consigue reparar el daño.

¿Cómo se repara el daño tras un feminicidio? Esa es una pregunta que a diario se hacen los familiares de las víctimas de feminicidios en el país que peregrinan por justicia para sus hijas, hermanas, sobrinas asesinadas, sobre todo para los huérfanos que quedan de estos crímenes y que es la población más afectada por los asesinatos debido a las secuelas emocionales y el grado de vulnerabilidad y desprotección en la que quedan.

En el caso del feminicidio de Alejandra y el infanticidio de Lalito, el agresor fue sentenciado a 30 años de prisión. Incluso el juez otorgó una sentencia de reparación material. Pero para concretar ese “beneficio” la familia debía iniciar una demanda al Estado, pero la burocracia, la falta de recursos y el riesgo de una nueva revictimización y desgaste emocional para los huérfanos desanimaron a iniciar esa acción.

“En nuestro caso que es feminicidio e infanticidio está el resarcimiento de daños materiales, el juez ha dictado que dentro de la sentencia tendríamos que demandar al Estado para que haya un resarcimiento material y que se ponga el nombre de mi sobrino en una plaza o calle, pero hasta el momento solo tenemos la sentencia, no hay la ejecutoriada que es otro proceso desgastante”, afirma a la ANF Michelle Shaw, representante de familias de víctimas de feminicidio en Bolivia y hermana de Alejandra.

Shaw agrega que en territorio nacional no se conoce casos en el que se haya ejecutado las reparaciones para las familias de víctimas que van desde la reparación integral y económica.

“Las reparaciones son integral y económica, está última contempla cuál ha sido el tipo de afectación que ha dejado la muerte de la mujer, cuánto es el daño al proyecto de vida. En el caso de mi hermana era joven y ha dejado tres niños en la orfandad y una con discapacidad, el Gobierno debe asumir y aplicar la reparación sobre todo por los hijos que quedan afectados, pero nadie realiza nada. No hay reparación en el país”, señala.

Lo que más lamenta la activista es la falta de apoyo para toda la familia de las víctimas de feminicidio. Dice que muchos en su desesperación acudieron a organismos internacionales para buscar la reparación integral de daños, otros ponen su esperanza en las autoridades judiciales del país, pero no se cumple.

“No se cumple la reparación porque todo está a cargo de la familia y a veces no cuentan con el dinero ni el tiempo y se desaniman peor por la burocracia, incluso hay casos que se han enviado a comisiones internacionales, pero han quedado ahí”, señala.

REPARACIÓN INTEGRAL

¿Qué es la reparación integral del daño? De acuerdo a Shaw tiene como objetivo principal que las niñas y niños, así como sus abuelas que en muchos casos se convierten en sus madres, reconstruyan el proyecto de vida que les fue coartado por el feminicidio.

El Estado está obligado a reparar el daño integralmente a las víctimas indirectas del feminicidio por no prevenir los asesinatos y no atender a las mujeres en riesgo ni sancionar a los agresores.

Shaw afirma que urge crear un programa para resarcir los derechos de la orfandad por feminicidio, sobre todo la atención psicológica y la garantía de otros derechos como a la salud y la educación. (EL DIARIO y ANF)

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CREDITOS / Voces Libres