“El expresidente y líder del Movimiento al Socialismo (MAS), en una entrevista realizada con radio Kawsachun Coca, el domingo 12 de junio, ha afirmado que el enjuiciamiento a la expresidenta Jeanine Añez en la vía ordinaria fue decidida por quienes detentan el poder político. Textualmente ha señalado lo siguiente: ‘Solamente comentarles, en una reunión convocada por el hermano Lucho Arce, estaba David Choquehuanca, vicepresidente, (el ministro) Iván Lima, Ministra de la Presidencia (María Nela Prada), Pacto de Unidad, no todos, (los) jefes de bancada, senadores, diputados, presidentes de las cámaras, casi coincidimos que debe ser juicio ordinario y no juicio de responsabilidades’”, recordaron juristas independientes.

En ese marco manifestaron que las declaraciones emitidas por Evo Morales, no sólo constituyen la confesión expresa de la lamentable injerencia política en el sistema judicial del Estado; sino que demuestran la obsecuencia de jueces, magistrados y el Ministerio Público, a las instrucciones políticas, faltando a sus obligaciones de garantizar la independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

“No son los jueces, como mandan la Constitución y las leyes, los que toman la determinación de definir, en función a la competencia que les asignan las normas del ordenamiento jurídico, la vía y jurisdicción en que serán juzgadas las exautoridades del Estado, sino el poder político autoritario de turno”, se lee en parte del comunicado difundido por juristas independientes.

Lamentaron que el sistema judicial boliviano haya sido secuestrado por quienes detentan el poder político, convirtiéndose en un instrumento de represión a la libertad de pensamiento, expresión y opinión, afectando el Estado Constitucional de Derecho y la democracia.

“Insistimos que la falta de independencia e imparcialidad de los jueces y magistrados se debe, en gran parte, junto a la visión autoritaria de los gobernantes, al sistema de selección y designación de magistrados de los altos tribunales de justicia, así como de los jueces de instancia y de apelación, previstos por la Constitución y las leyes; razón por la que, para restablecer la independencia judicial, se requiere de urgentes medidas para la transformación de la justicia, siendo una de ellas la reforma parcial de la Constitución mediante Referendo Popular vía iniciativa ciudadana”, advirtieron.

Finalmente, los juristas independientes alertaron que una mantenida conducta autoritaria de los gobernantes y, peor, un desconocimiento tan grosero de la independencia judicial de parte de los mismos, puede dar lugar al desconocimiento abierto de la Constitución, como ocurrió el año 2017 con la ilegal Sentencia Constitucional 0084/2017 que desató la penosa crisis del año 2019, cuyos efectos aún no se superaron y que hoy siguen afectando la convivencia democrática de los bolivianos.