Después que el juez Armando Zeballos determinó ayer, por quinta vez, ampliar por tres meses la detención preventiva en contra de la expresidenta Jeanine Añez y dos de sus exministros, por el denominado caso golpe I, el extitular de Justicia, Álvaro Coímbra dijo que son 17 meses “escuchando los mismos argumentos” para ampliar la medida extrema.
Añez y sus dos exministros fueron aprehendidos en marzo de 2021 e imputados por los presuntos delitos de sedición, conspiración y terrorismo. En la audiencia, Coímbra, lamentó que los fiscales perciban un salario sin realizar su trabajo, ya que están 17 meses con detención preventiva sin que las investigaciones avancen.
“Por respeto a los contribuyentes que pagan el sueldo, el representante del Ministerio Público, es importante que lea el expediente. Él dice que al señor José Luis Camacho no se le ha tomado su declaración (…), (sin embargo) él ha ido y se ha abstenido de declarar. Dice que a Pastor Mendieta no se ha tomado su declaración, él está aquí (penal de San Pedro) el mismo tiempo que yo, con algunos días de diferencia. No hay una verdadera responsabilidad respecto a cómo se está llevando este proceso porque ni siquiera el representante ha leído el expediente”, advirtió.
Recordó que en la anterior audiencia donde se amplió la detención preventiva por tres meses, pidió que se otorgue el tiempo máximo permitido por las normas, porque estaba seguro que la Fiscalía no realizaría los actos investigativos.
“Le aseguro que en estos tres meses tampoco van a realizar (actos investigativos), porque no tienen la capacidad de venir y decirnos en qué tiempo lo van a realizar y cuáles son las investigaciones, hablan de notificar a Arturo Murillo, pero no nos dicen si ya mandaron la solicitud a través de Cancillería. Nos tienen en una pantomima de proceso donde las supuestas investigaciones complejas no se realizan”, lamentó.
En ese marco advirtió que la comisión de fiscales no está realizando su trabajo aunque siguen ganado su sueldo.
“Lo que están haciendo es aplicar una pena privativa anticipada, nosotros vamos 17 meses detenidos y los 17 meses hemos escuchado los mismos argumentos: ‘no podemos notificar, nos llaman, nos amenazan’, y no han presentado ni siquiera los números de teléfonos desde donde los amenazan. Imagínese señor juez si el Ministerio Público no le va a poder tomar la declaración a una persona porque llaman por teléfono y los amenazan, quiere decir que este Estado es débil”, aseveró.
Continuó: “Estoy seguro que sobre este caso ya hay una decisión tomada sobre este proceso que es inminentemente político, que no se va a aplicar las medidas que establece el Código de Procedimiento Penal (CPP) para que yo no me comunique con el señor fulano de tal que está dentro del proceso, existen medidas en el CPP para que yo no me fugue, etc. (…)”.
La exautoridad aseguró que está detenido por una supuesta publicación en su cuenta de Facebook, que hasta ahora no pudo ver.
“Lo que yo creo es que hay que darle 17 meses más al Ministerio Público para ver si en ese tiempo le toman la declaración a Luis Fernando Camacho, que yo he solicitado en más de tres ocasiones. Primero que se le notifique y se le tome declaración como testigo para ver si alguna vez yo hablé con él y además establezca cuáles son las incidencias de los actos investigativos que ha mencionado el Ministerio Público respecto a mí. Yo estoy detenido 17 meses por una supuesta publicación de Facebook, que hasta ahora no se me ha mostrado, qué tiene que ver mi publicación de Facebook con Arturo Murillo, (William) Kaliman, (Jorge) Terceros, no sé con quién más (…), yo estoy detenido por un mandato político y que desgraciadamente lo tiene que solucionar el Ministerio Público que no tiene institucionalidad, porque paraliza su trabajo por llamadas telefónicas y porque no se han aplicado las normas del Código Penal y el CPP”, lamentó.