Los hechos irregulares se encuentran detallados en un informe de auditoría que fue presentado por el Comando del Ejército al Ministerio Público. La denuncia explica que el jefe militar, cuando estuvo en funciones, no declaró en las cuentas fiscales 1.260.000 bolivianos.
También se denuncia el “empleo arbitrario” de personal civil (un albañil y electricista) del Colegio Militar y cuatro soldados del Batallón de Comando para que realicen actividades de construcción en su domicilio, entre los meses de mayo a octubre de 2021.
Según el abogado Omar Durán, ante la denuncia de hechos de corrupción, el militar inicialmente debe ser sancionado dentro de la institución, luego derivado al Tribunal de Personal para ser puesto a letra E a fin de que asuma defensa o a la letra B, con pérdida de antigüedad, según la gravedad del hecho.
Estima que, habiendo sido edecán del exvicepresidente Álvaro García Linera es probable que el exjefe militar incluso haya perdido protección política y no descarta que surjan otros implicados en este caso de presunta corrupción.
Según la información obtenida en fuentes judiciales, el denunciado tiene arraigo, detención domiciliaria sin salida laboral y custodio policial. Este medio intentó comunicarse con el militar en reiteradas oportunidades y, sin embargo, no tuvimos respuesta. (Erbol).