“La Coordinadora de la Mujer, junto con la Comunidad de Derechos Humanos, la Fundación Construir y la Oficina Jurídica para la Mujer, viene haciendo seguimiento a este caso, que nos preocupa de manera particular porque tenemos entendido que la víctima y sus allegados siguen sufriendo amenazas e intimidaciones por parte del agresor”, afirmó Tania Sánchez, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer.

En diciembre de 2018, cuando fungía como asambleísta departamental, María Patzy denunció por acoso y violencia política a Vegamonte Dávalos ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba. Un mes después, el organismo electoral remitió el caso al Ministerio Público y esta instancia, en diciembre de 2021, presentó la acusación formal ante el Órgano Judicial. Finalmente, hoy iniciará el juicio oral. El caso radica en el Juzgado de Sentencia Segundo de Quillacollo.

“Desde la aprobación de la Ley 243, en 2012, es el segundo caso de acoso y violencia política contra una mujer –del que se tenga conocimiento– que llega hasta estas instancias. Recordemos que el primero fue el de Rafael Quispe, denunciado por la excandidata a gobernadora de La Paz Felipa Huanca. Este caso llegó a sentencia, la única en 10 años de la ley”, apuntó Sánchez.

Según el testimonio de la víctima, el acoso contra su persona fue sistemático durante el año anterior a la denuncia, pero los hechos de mayor relevancia tuvieron lugar entre el 24 y 25 de noviembre de 2018, durante un congreso provincial en Quillacollo: con el apoyo de otros dirigentes, el acusado la presionó, amenazó y agredió verbalmente, incluso intentó agredirla físicamente, para que ella renuncie a su cargo y él asuma la titularidad.

“Esperamos que las pruebas sean valoradas de forma objetiva, con enfoque de género y de derechos humanos, sin ningún tipo de influencias a favor del denunciado”, afirmó la directora de la Coordinadora de la Mujer.

“Esperamos también que este caso concluya y llegue a sentencia, así se sentaría precedente en la justicia boliviana sobre delitos que vulneran los derechos políticos de las mujeres”.

Según la Ley 243, el acoso político es cualquier “acto de presión, persecución, hostigamiento o amenazas cometido por una persona o grupo de personas, militantes o no, contra mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político – pública o contra sus familias”.

En tanto, violencia política son “actos de agresión física, psicológica o sexual cometidos por una persona o grupo de personas contra mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político – pública, o contra sus familias, que afectan su integridad física y psicológica, el cumplimiento de sus funciones y el ejercicio de sus derechos”.

Bolivia es el único país de América Latina que cuenta con una ley específica contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, sin embargo, persiste la impunidad.

Según la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol), entre 2019 y mayo de 2022 se registraron 404 denuncias por acoso y violencia política contra concejalas.

Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral registró desde 2016 hasta febrero de 2022 179 denuncias por acoso y violencia política hacia autoridades mujeres electas y 350 renuncias por diferentes motivos.

El acoso y la violencia política son los principales obstáculos que enfrentan las mujeres en espacios públicos.

Según el informe “La paridad más allá de la paridad” (Oxfam y Coordinadora de la Mujer, 2021), ocho de cada diez mujeres políticas han sufrido algún tipo de acoso y violencia política durante el ejercicio de sus cargos.