La madrugada de ayer, el Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz dictó sentencia por la represión a la marcha indígena de Chaparina contra tres exgenerales de la Policía, en un proceso que nunca incluyó al exministro de Gobierno, Sacha Llorenti.

La sentencia resolvió dos años y ocho meses de cárcel en el penal de San Pedro contra Oscar Muñoz Colodro, Luis Zapata y Carlos Flores, por las figuras de incumplimiento de deberes, allanamiento, vejaciones, torturas y privaciones de libertad. El fallo también prevé el pago de costas para el Estado y las víctimas.

El abogado de uno de los generales sentenciados el 29 de julio, Karlo Brito, descalificó la sentencia y cuestionó que nunca se haya procesado a los miembros del Ejecutivo de aquel año.

“Es una vergüenza para la justicia, porque dañan de forma permanente las carreras de oficiales completamente inocentes. Quienes debieron ser condenados son el exministro Llorenti y (Marcos) Farfán, quienes ordenaron y dirigieron todo el operativo”, afirmó el abogado.

Muñoz había sido suspendido y se encontraba en detención desde noviembre pasado.

Del caso fueron absueltos Henrri Terrazas y Edwin Durán, y en el transcurso del juicio falleció el oficial Ricardo Cadima, también imputado.

La parte acusadora, en calidad de víctima fue representada por la activista de derechos humanos Olga Flores, el exalcalde Juan Del Granado, el exdiputado y dirigente campesino Rafael Quispe, el líder indígena Fernando Vargas, entre otros.

POLICÍA COORDINÓ

CON LLORENTI

En sus primeras declaraciones, dadas en 2013, el exsubcomandante de la Policía señaló que quien dio la orden directa para la intervención de la marcha indígena en Chaparina, cerca de Yucumo, fue Sacha Llorenti.

Muñoz afirmó que nunca “se rompió la cadena de mando”, como fue la versión del régimen de Evo Morales durante todos estos años para tratar de deslindar de responsabilidades a Llorenti o a algún miembro de su gabinete, por la violencia ejercida contra la octava marcha de defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

Muñoz coordinó el operativo un día antes, el 24 de septiembre de 2011, con el entonces viceministro de Gobierno, Marcos Farfán. Una vez desplegado el contingente, el jefe policial, por intermedio de quien fuera director de Régimen Interior, Boris Villegas, informó del operativo a Llorenti, pero este no dio ninguna orden para suspender la intervención que ya se había salido de control, con vejaciones contra los marchistas, incluidas mujeres y niños, quienes finalmente fueron trasladados en camiones y flotas hasta Beni.

En esa misma línea, Rafael Quispe, exdiputado y una de las víctimas en el caso Chaparina, dijo que los sentenciados aseguraron que solo cumplieron las órdenes del entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti; pero en lugar de investigarlo, fue excluido del proceso.

“En todas las declaraciones, incluso ayer (viernes) a media noche, los generales lloraron, (y dijeron) que ellos han cumplido solamente las instrucciones emanadas del Sacha Llorenti, que era ministro de Gobierno; y también han fundamentado de que para mover los aviones que han movido a Rurrenabaque, de acuerdo a la Constitución, solamente lo podría haber ordenado el Presidente del Estado”, aseguró Quispe.

LLORENTI AL

“EXILIO DORADO”

La Fiscalía General se sumó a la versión del régimen de Morales para apuntar responsabilidades exclusivas a la Policía por haber actuado “de forma unilateral”.

En tanto, en 2014, la Fiscalía Departamental de La Paz ratificó la resolución 01/2012 de los fiscales José Ponce y Patricia Santos, para excluir de las investigaciones a Llorenti de forma permanente e inapelable.

La Defensoría del Pueblo, al mando del ya fallecido Rolando Villena, en 2011 emitió un informe para establecer que hubo coordinación entre la Policía y 18 autoridades civiles y del Ejecutivo, citando además que la retardación de justicia es una forma de agresión que va más allá de la represión física de aquella jornada.

Llorenti, luego de la represión de Chaparina, tuvo que renunciar al cargo y salir hacia Estados Unidos, donde fue nombrado por Morales como embajador ante Naciones Unidas, que es el cargo diplomático con mejor remuneración en el Estado boliviano. Hoy, el abogado es secretario general de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA), el bloque de gobiernos aliados del socialismo del siglo XXI.

APELACIÓN

La activista Olga Flores calificó como vergüenza e injusta la condena a los tres generales, porque el Ministerio Público no veló por garantizar los derechos de los indígenas, sino por “salvar” de culpa al expresidente Evo Morales y al exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, insistió que el 25 de septiembre de 2011 “no se rompió la cadena de mando”, “aquí las órdenes las dio el mandatario que se ejecutaron a través del ministro”, denunció.

Apuntó que la Fiscalía, haya hechos desaparecer a “86 testigos” y no se esforzó por probar la responsabilidad de los verdaderos responsables de la “tentativa de genocidio”.

“La sentencia emitida por el juez Gonzalo Montaño, en la madrugada como si fuera un delincuente, es una demostración clara de que estamos ante un Estado delincuencial (…). Esta sentencia constituye un agravio a la justicia y quien lo ha cometido ese delito es el Fiscal General, porque no han presentado testigos, no han judicializado el informe del Defensor del Pueblo, aquí estamos ante un estado que nos deja en total indefensión, la Policía es la que comete el delito y los jueces y fiscales los que lo legitiman”, apuntó en entrevista con radio Fides. (EL DIARIO y Visor21)