El documento al que EL DIARIO tuvo acceso se detalla que Quelali solicitó acreditación del universitario Erick Aliaga el 4 de octubre, pese a estar en la cárcel con detención preventiva desde el pasado 21 de septiembre.

El 29 de septiembre de 2022, el Honorable Consejo Universitario (HCU) de la UMSA resolvió suspender a Álvaro Quelali del cargo de Secretario Ejecutivo de la FUL, máxima representación estudiantil, en respeto al proceso que la justicia ordinaria sigue en su contra.

“Existe una lista de quienes son segundos y terceros, y de acuerdo con ella asume quien corresponda cumpliendo la institucionalidad y la norma. También se resolvió emitir un comunicado respecto a todos los acontecimientos e información que emiten los medios de comunicación a través de voces que nos agreden constantemente y no tienen una base legal”, indicó Heredia en la oportunidad.

Quelali enfrenta un proceso por el delito de conducta antieconómica, a denuncia de una estudiante.

DENUNCIA V/S

EXPULSIÓN

La Comisión de Procesos Universitarios UMSA – Sala Tercera, emitió la Resolución N° 03/2022 de fecha 23 de septiembre de 2022, con la que sancionó a dos universitarios con la expulsión definitiva y a otras tres universitarias con la suspensión temporal de tres años. Una de ellas fue la que denunció a Quelali en la vía penal.

Al respecto, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, afirmó que a decisión de las máximas autoridades de la UMSA de expulsar a cinco estudiantes que participaron en una movilización en noviembre de 2021, vulnera el derecho a la educación.

“La Defensoría del Pueblo rechaza rotundamente la expulsión de estos cinco estudiantes y agotará todos los mecanismos para la defensa del derecho fundamental a la educación”, afirmó la autoridad.

La institución defensorial considera, “a prima facie”, que la sanción aplicada en el marco de la normativa universitaria es restrictiva y vulnera derechos fundamentales al pretender limitar el ejercicio del derecho a la educación superior a los estudiantes, desmarcándose de los estándares internacionales de legalidad, objetividad y proporcionalidad.

Asimismo, manifestó que se hará un análisis normativo para establecer  si el sistema jurídico universitario cumple los citados estándares internacionales y si estos se ajustan a los principios de los derechos humanos para, eventualmente, activar la jurisdicción constitucional para exigir el respeto y restitución del derecho a la educación superior.

El Defensor informó que, a través de la Delegación Defensorial de La Paz, ya se inició una investigación e intervendrá para hacer seguimiento a la respuesta que se emita a la impugnación que presentarán las y los estudiantes, conforme establecen los artículos 35 al 39 del Reglamento de Procesos Universitarios, cuya presentación tiene plazo hasta este 6 de octubre.

No obstante, posterior a ello, Heredia, inició un proceso penal en el Ministerio Público en contra de cuatro universitarios porque presuntamente lo agredieron verbal y físicamente, luego de que se desarrolló las elecciones de la FUL, en noviembre de 2021.

“Los estudiantes denunciados son: Sandro H., Ramiro A., María C. y Neisa R. por el delito de coacción previsto y sancionado en el artículo 294 del Código Penal, la sanción es de uno a cuatro años de cárcel”, señala la imputación al que tuvo acceso EL DIARIO.

Según el documento, el 8 de noviembre se llevó adelante las elecciones de la FUL. El frente perdedor Ruge tomó el Monoblock central, acción que impidió el desarrollo normal de las actividades académicas. En esa ocasión, el rector determinó que a través del HCU se realice una auditoría a los comicios, la misma fue ejecutada por la Confederación Universitaria Boliviano (CUB).

“Pese a esa determinación, mi persona fue agredida física y verbalmente por algunos estudiantes quienes impidieron el normal desenvolvimiento de mis funciones”, indica la declaración del rector.

FOTO: CORTESÍA