Miguel S. fue aprehendido el pasado miércoles, denunciado por el delito de genocidio, por su participación en el operativo del 19 de noviembre de 2019, en la planta de Senkata de El Alto, que dejó a al menos 10 personas fallecidas.
Según publicación de Erbol, el jurista precisó que su patrocinado prestó su declaración por el caso en dos oportunidades, siendo la última en agosto pasado.
“Explicó que Miguel S. estaba cumpliendo funciones como comandante de la unidad Germán Busch de Challapata (Oruro) y que las órdenes de sus superiores eran de realizar un resguardo perimetral en Senkata. Esta unidad fue una de las últimas en llegar al lugar de los hechos de 2019 y que arribó cuando los decesos ya se habían dado”, señala la publicación de Erbol.
El jurista aclaró que su patrocinado, a diferencia de otros implicados, se encuentra en servicio activo de las Fuerzas Armadas, por lo que debería ser procesado por la justicia militar.
FAMILIARES
Para Valda, la detención de su patrocinado responde a una persecución ya que su hermano estuvo privado de libertad entre 2009 y 2016, después de haberse acogido a un proceso abreviado en el caso terrorismo. Su padre, que era general de las Fuerzas Armadas, también fue imputado en el mismo proceso y salió del país hacia Estados Unidos.
En criterio del jurista, la detención del militar es en represalia por los pedidos de que se cumplan las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que encontró responsabilidad del Estado en vulneraciones de derechos humanos en el operativo en el hotel Las Américas de 2009.