36 organizaciones civiles expresan su preocupación por una nueva escalada de hechos que entrañan graves violaciones a los Derechos Humanos (DDHH), una mayor reducción del espacio cívico y un deterioro de garantías y derechos fundamentales para la vigencia de un orden democrático en Bolivia.

“Un efecto directo de ello es que en nuestro país se han incrementado las condiciones de riesgo para los periodistas y los defensores de derechos humanos”, se lee en el pronunciamiento emitido por las 36 organizaciones, entre ellas la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).

El pronunciamiento hace un breve recuento de algunos hechos suscitados las últimas semanas.

Recuerdan que el pasado 10 de agosto, en el contexto de la suspensión de la audiencia de tratamiento de la Acción Popular para proteger el Parque Nacional Madidi, la senadora Cecilia Requena denunció actos de hostigamiento y amedrentamiento por grupos de mineros cooperativistas. El hecho se constituye en un ataque al ejercicio de la defensa de derechos humanos y el medio ambiente.

“Ante ello, recordamos al gobierno nacional y sus aliados, los cooperativistas mineros, que en nuestro país rigen garantías constitucionales para el ejercicio de la defensa de derechos, y de manera específica rige la Ley 1182 que ha ratificado el Acuerdo de Escazú, que en su artículo 9 protege a los defensores y defensoras de derechos, particularmente el derecho a un medio ambiente sano, seguro y sostenible”, se lee en el documento.

ATAQUE A MEDIOS

Asimismo recuerdan que se han producido ataques y campañas de desprestigio en contra de periodistas y medios de comunicación durante los bloqueos en Santa Cruz y en el conflicto por el mercado de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca).

“Estas acciones en contra de periodistas son cada vez más frecuentes. Al respecto, no podemos dejar de denunciar las acciones que se encuentra ejecutando el Gobierno para asfixiar, acallar y controlar al reconocido periódico Los Tiempos”, señala el documento.

Como tercer punto refieren los mecanismos administrativos para tomar y subordinar la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb).

Recientemente se ha denunciado que la Apdhb ha sufrido un nuevo ataque, esta vez sutilmente por la vía administrativa por el Servicio de Impuestos Internos, que arbitrariamente ha otorgado el NIT de la institución al grupo oficialista elegido al margen de las normas de esta organización, desconociendo la representación de Amparo Carvajal.

Más allá de las dificultades internas que puede tener esta organización, es inaceptable que el gobierno utilice mecanismos administrativos con el objeto de cooptar la organización con militantes del partido oficialista.

VIOLACIONES A LOS DDHH

En sintonía con la preocupación expresada por la Misión en Bolivia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, denuncian las innumerables violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto con campesinos de Adepcoca, extremos que han sido alertados por la prensa.

“Hemos podido observar a través de información de prensa un evidente uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, al igual que un uso irregular de armamentos no aprobados conforme al estándar internacional de derechos humanos. De igual manera, denunciamos: las detenciones arbitrarias; el ingreso a domicilios particulares sin requerimiento de ley; exhibición de los detenidos en plena vulneración al principio de presunción de inocencia y acciones irregulares de altas autoridades del gobierno. Es deplorable que el propio director de Régimen Interior, Marco Antonio Cuenta, haya actuado como ‘infiltrado’ entre periodistas”, señala el documento.

USO EXCESIVO DE LA FUERZA

El pronunciamiento refiere también el uso excesivo de la fuerza y actuación de grupos violentos de civiles durante las movilizaciones de Santa Cruz por el censo.

“Igualmente, se ha denunciado el uso excesivo de la fuerza y la presencia de grupos irregulares que actuaron generando violencia en el contexto de medidas de protesta en el Departamento de Santa Cruz por la postergación del censo. Más allá de estar o no de acuerdo con estas medidas, es evidente que ellas se enmarcan en el ejercicio del derecho a la protesta. Por ello, es deplorable que desde el partido gobernante y la alcaldía de Santa Cruz se hayan alentado acciones de grupos de choque”.

“Es más preocupante aún que el propio ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, haya liderado alguno de estos grupos irregulares que provocaron violencia y enfrentamientos en los bloqueos”.

PARTICIPACIÓN DE AUTORIDADES

Otro detalle que apuntan las instituciones civiles son dos hechos particularmente preocupantes: participación de altas autoridades en acciones de grupos irregulares de choque, e infiltración de militares y policías en organizaciones civiles.

“Es sumamente preocupante que altas autoridades de gobierno participen en actividades de grupos irregulares violentos en contra de la población civil. Y la gravedad de estos hechos se agranda cuando el Ministerio Público ratifica y naturaliza la impunidad de estos hechos al desestimar realizar acciones que le corresponde asumir”, indica.

Otro hecho que reviste alta gravedad – para las instituciones civiles es el incremento y naturalización de la infiltración de militares y policías en espacios y acciones de organizaciones de la sociedad civil.

“Se ha evidenciado que esta infiltración viene junto con perversas prácticas de ‘sembrado de pruebas’ para inculpar a civiles y ejercer persecución política. Estas prácticas traducen una actuación del Estado abusiva y abiertamente violatoria de los derechos fundamentales. Se enmarcan ya en acciones de total abuso de poder y persecución política, constituyéndose en mayor evidencia del deterioro del Estado de derecho y las garantías democráticas”, refiere el pronunciamiento.

En ese marco exigen al gobierno boliviano resolver los conflictos respetando la dignidad y todos los derechos humanos de los distintos sectores en conflicto.

“Le exigimos asumir un compromiso efectivo para impulsar una reconciliación nacional. Alertamos a la Comunidad Internacional, particularmente a organismos de protección de derechos humanos, sobre estos hechos, y le instamos a hacer seguimiento a estas denuncias, para evitar una deriva autoritaria en el ejercicio del Poder Político en Bolivia y un mayor deterioro del Estado de derecho”, finaliza el documento.