La abogada del Observatorio de Justicia Mercedes Cortez explicó que Cochabamba solo contaba con juzgados cautelares en materia de violencia de género, pero no tenía ningún juez de Sentencia en violencia.
“Son 12 jueces de cuatro tribunales que se convertirán en jueces individuales. Tres de ellos serán asignados a la materia de violencia. Esta noticia nos alegra porque al fin se está cumpliendo la Ley 1173. Es la primera vez que tendremos este tipo de tribunales y creemos que los mismos les darán mayor celeridad a los procesos por violencia”, dijo la abogada.
Apuntó que ahora la preocupación de abogadas, víctimas y activistas de la lucha contra la violencia en Bolivia es que los jueces de sentencia tengan formación y especialización en perspectiva de género, tal y como lo establece la Ley 348 que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia.
“Exigimos que se escoja a los jueces mejor formados en esta materia, a los más comprometidos, a los que estén libres de prejuicios y de machismo, para garantizar que aplicarán las leyes con perspectiva de género. Como Observatorio de Justicia vamos a velar porque la Ley 348 se cumpla en esta selección de jueces, en cuanto a la especialización y la idoneidad de los mismos”, reiteró.
La Ley 348 es estricta en cuanto a estas obligaciones y da plazos para ello. Por ejemplo, a la Policía Boliviana le dio un plazo de tres meses para modificar sus manuales de funciones y para implementar la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia en los nueve departamentos de Bolivia.
De igual forma, la Fiscalía General del Estado fue conminada a crear instrumentos, protocolos, una Dirección Forense y Fiscalías de materia especializadas contra la violencia en el plazo de tres meses. Ambas instituciones cumplieron.
Al Consejo de la Magistratura, la Ley 348 le instruye, en la disposición transitoria tercera: Crear e implementar los juzgados públicos de materia contra la violencia hacia las mujeres, de manera gradual y progresiva en un plazo no mayor a 90 días.
La disposición transitoria cuarta, establece que el Consejo de la Magistratura debe diseñar, organizar e iniciar, en la Escuela de Jueces del Estado, la implementación de cursos de especialización en materias de género, Derechos Humanos y violencia, a fin de contar con el personal judicial capacitado, para la implementación de los juzgados contra la violencia hacia las mujeres.