El Ministerio Público imputó al dirigente universitario Max Mendoza por dos delitos, usurpación de funciones y conducta antieconómica, cuya pena máxima, en ambos casos, es de ocho años de prisión, manifestó a EL DIARIO la abogada Lourdes Alba, representante de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

La jurista precisó que el delito de usurpación de funciones se encuentra tipificado en el artículo 274 del Código Penal, cuya pena es de dos a cuatro años de privación de libertad, empero tiene una agravante que puede aumentar la sanción.

“Este tipo penal tiene una agravante, cuando se obtenga dinero o cualquier otra ventaja ilegítima, producto de la usurpación, el agravante es de cuatro a ocho años. El tipo penal de conducta antieconómica tiene una pena de tres a ocho años”, precisó la jurista.

En la imputación formal contra Mendoza, el Ministerio Público pidió la detención preventiva, por seis meses, en el penal de San Pedro de La Paz. Los fiscales Leticia Muñoz y José Alberto Rodríguez, argumentaron que, estando el proceso en su fase inicial, “es claro y evidente que el imputado en libertad puede influir de forma negativa en las declaraciones de testigos y/o partícipes del hecho objetivo de la investigación”.

Por otro lado, Alba manifestó que en la denuncia que presentó la UMSA figuran exautoridades que permitieron que Mendoza incurra en los ilícitos, por lo que en la semana insistirán que los mismos también sean llamados a declarar.

MÁS DELITOS

Por otro lado, el fiscal departamental de La Paz, William Alave, dijo que a medida que avance la investigación, Mendoza puede ser imputado por más delitos.

Mendoza fue aprehendido el sábado en Sacaba–Cochabamba y la noche del sábado llegó a La Paz. Tras prestar su declaración informativa fue trasladado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) desde donde se presentó a su audiencia virtual de medidas cautelares.

“El hecho que se investiga puede contener un sin fin de delitos. (La aprehensión) se ha fundamentado en base a dos delitos que están en los antecedentes que se tiene hasta la fecha. Si existieran muchos más antecedentes, se va a ampliar sobre otros delitos”, dijo Alave, en reporte de Unitel.

“No voy a hacer declaración alguna, por favor”, declaró la madrugada de ayer el imputado.

DENUNCIAS

Alave manifestó que recibieron seis denuncias que fueron admitidas y se unificó en un solo proceso y que todas refieren que Mendoza presuntamente se benefició de manera irregular con una Resolución Administrativa del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), del 14 de diciembre de 2018, que le permitió percibir un sueldo de 21.870 bolivianos mensuales desde el 18 de mayo de 2018 al 18 de mayo del 2022, con el cargo de Miembro del Presídium XIII del Congreso Nacional Universitario–CNU, cuando el Estatuto Orgánico de la Universidad no establece dentro de su estructura organizacional la existencia de un cargo remunerado.

Asimismo, explicó que este Estatuto establece que para ser elegido en calidad de miembro del Comité de la Universidad Boliviana se debe cumplir el requisito por lo menos al grado académico de licenciatura, sin embargo, el denunciado carecería de ese requisito.

Asimismo, Alave dijo que se presume que el sindicado suscribió, en enero de 2022, un contrato con la Empresa Jireh Turismo respaldándose en la Resolución No. 4/2018; sin embargo, la misma no dispone que Mendoza sea el representante legal de la CEUB, por ello no tenía la potestad para suscribir este tipo de contratos, más aún cuando la mencionada resolución tenía una duración de 30 días.