Asimismo exige al Estado que ejerza su obligación de investigar de oficio, identificar y sancionar a los responsables de estos hechos que atentan contra la libertad de información.
Rechaza todo tipo de amenazas a los trabajadores de la prensa que pongan en riesgo su integridad emocional y física que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, generarían un efecto amedrentador, de silenciamiento y autocensura de comunicadores y comunicadoras.
La Defensoría del Pueblo reprocha también el actuar de los movilizados que afectaron la integridad de una persona adulta mayor, cuando ejercía su derecho a la protesta en la zona Sur de la urbe paceña.
Finalmente, recuerda que el derecho a la protesta está garantizado por la Constitución Política del Estado, pero el ejercicio de este derecho no debe afectar los derechos de terceros y debe ejercerse con respeto al ser humano.