“Primero hay que fortalecer el tema del ILE, hay que fortalecer la aplicación de la Sentencia Constitucional, tenemos que capacitar a las personas porque hay un uso inadecuado del ejercicio de la objeción de conciencia, es un tema que hay que ir difundiendo al interior”, dijo Callisaya.
La referencia del defensor apuntó a la Sentencia Constitucional 206/2014 que elimina las barreras para aplicar la figura de “aborto impune” descritas en el artículo 266 del Código Penal en casos de “violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto”. La norma, además, protege a las víctimas menores de edad, que están bajo responsabilidad de sus padres o tutores, para que su decisión sea llevada a cabo de forma legal y segura.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional dejó un exhorto para que sea la Asamblea Legislativa la instancia que “desarrolle normas y políticas para garantizar los derechos sexuales y reproductivos”, acción que no fue cumplida hasta la fecha; por tanto, deja sin respaldo reglamentario a la referida sentencia.
Asimismo, la propia SC 206/2014 ratifica la protección al feto en desarrollo, no así al embrión, aunque esa figura también se estrella contra la Constitución Política del Estado (CPE) sobre la garantía del derecho a la vida, y el Código Niño Niña Adolescente que califica como sujetos de derecho a todos los seres humanos “desde la concepción a los 12 años”, en el caso de la niñez.
Callisaya prosiguió y se mostró favorable a la figura de la “Interrupción Voluntaria del Embarazo” que, según expuso, se tratará el próximo año.
“Hay que acentuar inicialmente el tema del ILE para avanzar al IVE; por ejemplo, estamos haciendo para la gestión 2023 una investigación al respecto”, concluyó. (Visor21).