El coronel del Ejército, Héctor Pérez, lleva detenido preventivamente más de seis meses, imputado por haber cumplido una orden del exministro de Defensa, Luis Fernando López, de traer agentes químicos desde Ecuador durante los conflictos de 2019, según relató el militar a EL DIARIO desde el penal de San Pedro de La Paz.

De acuerdo al relato de Pérez, el 15 de noviembre de 2019, recibió una llamada en la que le instruían presentarse ante el ministro de Defensa, lo más antes posible. La autoridad se encontraba en Palacio de Gobierno, en reunión de gabinete.

“Cuando salió un momento de la reunión me dijo que esperara disposiciones, cuando terminó la reunión entre las 10 y 10.30 aproximadamente, me llamó el ministro y me dijo que Ecuador estaba prestando gases lacrimógenos y que debía trasladarme en un avión hércules para verificar la cantidad de gases que nos estaba prestando”, relató.

El mismo 15 de noviembre, él y otros funcionarios, fueron trasladados al hangar de los Diablos Negros de la ciudad de El Alto en el helicóptero presidencial. Entre las 17:00 y 18:00 horas despegó el avión hércules cuya tripulación fue el piloto, copiloto, navegante, tres técnicos del hércules, un mayor de la Policía y Pérez.

Llegaron a Ecuador la madrugada del 16 de noviembre donde personeros de la Policía los esperaban. Hicieron las presentaciones de rigor y posteriormente ingresaron vehículos con los gases lacrimógenos que deberían cargar al avión para trasladarlos a Bolivia.

“De acuerdo al acta de entrega y recepción que entregó en Ecuador se cargaron 5.000 gases lacrimógenos de mano GL–302; 2.389 proyectiles propulsores de largo alcance calibre 37mm; 560 proyectiles propulsores de corto alcance calibre 37mm; 500 granadas de sonido y destello para exteriores. En ningún momento se cargó armamento o munición letal o de guerra, estos calibres de corto y largo alcance son propulsores para lanzar gases a mayor o menor distancia, no es munición para dar de baja o para afectar físicamente a alguien. Son propulsores que se ponen a la escopeta Mossberg y esa munición impulsa los gases para que lleguen ya sea a una distancia de 100 metros o 300 y 350 metros que es la máxima”, aclaró.

Una vez que el material fue cargado al avión hércules, los uniformados iniciaron el retorno entre las 8:00 y 9:00 horas aproximadamente y llegaron a El Alto al promediar las 16:30 y 17:00 horas.

“Llamé al ministro para darle el parte y me dijo que lo llamara al Comandante del Ejército, general Iván Inchauste, quien me ordenó que entregue todo el material al coronel José Pinaya quien era el encargado de material Bélico del Ejército”, recordó.

Pérez aclaró que en Bolivia no se hizo un acta de entrega y recepción ya que se usó el firmado en Ecuador.

A tiempo de aclarar que nunca fungió como ayudante del exministro López, Pérez manifestó que recibió una orden verbal del ministro y el que escuchó la misma es el edecán de la exautoridad.

IMPUTACIÓN

El pasado 18 de noviembre de 2021, Pérez fue imputado por los presuntos delitos de tráfico ilícito de armas, porte o portación y uso de armas no convencionales, además de incumplimiento de deberes.

De acuerdo a la Ley 400, las armas no convencionales son aquellas cuyo empleo constituye delito de lesa humanidad y se dividen en: armas químicas, armas biológicas, armas radiológicas, armas bacteriológicas y armas nucleares.

“La autorización, restricción y prohibición de las armas convencionales por sus características y según su clasificación, serán establecidas conforme a reglamento. El uso de armas no convencionales está prohibido en el Estado Plurinacional de Bolivia”, se lee en el parágrafo III del artículo 17 de la Ley 400.

“Es un proceso que no me han iniciado a mí sino a otras personas, pero en la investigación sale mi nombre porque ese día (15 de noviembre de 2019) el oficial de material bélico no pudo llegar al Palacio de Gobierno, por eso el ministro López ordenó que viaje yo a recoger los gases”, relató.

“Retorne (de Ecuador) el día sábado (16 de noviembre de 2019) y entregué al encargado del material bélico que es quien maneja armamento, munición y otros elementos que manejamos los militares, ahora resulta de que me están imputando por tráfico de armas, ese delito no existe, yo no cometí ese delito”, advirtió.

En ese marco apuntó que de encontrar alguna irregularidad debería ser procesado por la vía militar a través de un sumario para determinar si no cumplió órdenes o realizó el tráfico de armas.

“NO HAY DELITO”

El coronel en servicio pasivo y abogado, Jorge Santistevan, manifestó a EL DIARIO que en este caso el Ministerio Público mantiene detenido a un militar por un delito que no cometió ya que Pérez solo cumplió con lo estipulado en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA) y la Constitución Política del Estado (CPE).

“Si hubiera existido el delito, como el Ministerio Público quiere hacer creer, mínimamente debería tomar en cuenta a la autoridad superior que le ordenó cumplir esa orden cuyo propósito era para tomar previsiones en actividades de control de disturbios callejeros y mantener la paz y tranquilidad; también deberían basarse en el plan de vuelo, la hoja de ruta que generalmente lo otorga el departamento tercero de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), quienes son los responsables de autorizar la salida del avión. Un oficial por sí solo no puede disponer de aeronaves ni de tripulación, menos alzar vuelo sin autorización de las autoridades correspondientes. Ese proceso es otra chacota y sobretodo absolutamente abusivo; no hay pruebas contra el mencionado oficial”, apuntó.

Asimismo explicó que cuando un oficial recibe una instrucción la debe acatar sin deliberar, porque de lo contrario supondría el inicio de un sumario en la justicia militar, misma que podría concluir incluso con una baja de la institución.

“El oficial detenido es de nivel jerárquico medio, si hubo el delito como manifiesta la Fiscalía dónde está el Ministro de Defensa, el Viceministro de Defensa, ellos son los que dieron la orden, el coronel solo cumplió órdenes; sin embargo reitero, no es delito que las autoridades en ejercicio de sus funciones realicen este tipo de solicitudes de apoyo con otros Estados, así también lo hizo Evo Morales, con la diferencia que a ese Gobierno nadie le quiso prestar en su momento”, acotó.

NORMA

El artículo 22 de la LOFA señala: “El Ministerio de Defensa Nacional es el Organismo Político y Administrativo de las Fuerzas Armadas”. El inciso J refiere que una de las atribuciones del Ministro de Defensa es “coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la participación del país en Tratados sobre límites, Seguridad y Defensa Nacional y otros, de acuerdo a normas internacionales”.

El inciso G del artículo 6 de la LOFA señala: “Coadyuvar, en caso necesario, a la conservación del orden público, a requerimiento del Poder Ejecutivo y de acuerdo a la Constitución Política del Estado”.

El artículo 245 de la CPE señala: “La organización de las Fuerzas Armadas descansa en su jerarquía y disciplina. Es esencialmente obediente, no delibera y está sujeta a las leyes y a los reglamentos militares. Como organismo institucional no realiza acción política; individualmente, sus miembros gozan y ejercen los derechos de ciudadanía en las condiciones establecidas por la ley”.

El artículo 5°.- (Clasificación de municiones) de la Ley 400 señala: “28. Gases antidisturbios o antimotín”.

“Este artículo aclara que el material antimotín no está clasificado como armamento sino munición”.

DATOS

En noviembre de 2021, Pérez fue enviado con detención preventiva, por seis meses al penal de San Pedro de La Paz, tiempo que concluyó el pasado 25 de mayo, no obstante la misma fue ampliada por tres meses.

Pérez pasó a letra E de las Fuerzas Armadas mientras se defina su situación jurídica. En tanto vive alejado de sus cuatro hijas menores y su esposa.

El Ministerio Público basa su solicitud de detención preventiva en que Pérez puede influir negativamente en los partícipes del hecho, quienes tienen pleno conocimiento sobre el traslado de agentes químicos.

Ecuador, a través de los canales diplomáticos, solicitó a Bolivia la devolución de los gases lacrimógenos que fueron traídos por los dos oficiales. La comandante general de la Policía de Ecuador, Tannya Varela, hizo el pedido públicamente y recordó que ese “préstamo” se trata de mecanismos de cooperación institucional y binacional. Bolivia descartó devolver el material.