Anteriormente, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, había señalado que durante la gestión de la expresidenta Jeanine Añez se produjo un daño económico a los medios estatales por Bs 8.965.988, entre “desmantelamiento de equipos, incumplimiento de contratos comerciales y contratación irregular de personal”.

Sobre ese punto, en noviembre de 2021, la funcionaria explicaba que el entonces gerente general de BTV, Andrés R., había contratado al presentador Pablo Ll. con un sueldo que no correspondía e incluso que el conocido locutor no había acreditado su título en provisión nacional.

El Ministerio Público, a través del fiscal Eddy Junior formalizó la imputación y pedido de detención contra ambos, además de la exgerente de informaciones Adriana G. y otros cuatro exfuncionarios, por presunta conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, pues afirma que el presentador recibió un salario de Bs 11.498 cuando el ítem para esa labor solo aprobaba Bs 6.000, y que durante siete meses, de marzo a octubre, Pablo Ll. no firmó el libro de asistencia.

El informe del Viceministerio de Comunicación de 2021 también apuntó contra los panelistas Humberto V. y Diego A. por recibir contratos con altos montos sin cubrir todas las especificaciones técnicas. También se señaló al gerente regional de Cochabamba, Edward A. porque supuestamente no presentó su libreta de servicio militar ni certificado de idioma nativo.

Consultados por medios digitales, los periodistas manifestaron que no emitirían declaraciones sobre este caso. Andrés R. es uno de los comunicadores más reconocidos del país, mientras Adriana G. es una experimentada periodista que tiene varios premios por su labor en reportajes de investigación en televisión.

Sectores de la prensa advierten que más allá de las investigaciones, existe un claro sesgo político para tratar de judicializar a todos los periodistas, reporteros, administradores y trabajadores que cumplieron labores en los medios estatales durante 2020.

Por otro lado, la abogada Zuleyka Lanza advirtió que la denuncia contra los periodistas no es más que una “persecución” y “sicariato judicial”

“Este es un caso claro de sicariato judicial y de persecución contra dos periodistas reconocidos, es una acusación que afecta a la libertad de expresión y de prensa”, dijo Lanza en entrevista con radio Panamericana.

Para Lanza, es inaceptable que un tema civil y administrativo, como el presunto error en la contratación de un periodista, derive sin seguir un debido proceso, en un caso penal.

Por otro lado, se conoció ayer que al no encontrar al periodista contratado por los exjefes de la estatal Bolivia Tv, la Fiscalía decidió notificarlo mediante edicto para que se presente a declarar por la denuncia en su contra. (EL DIARIO y Visor21)