La Fundación Milenio, con base en los datos del Índice de Estado de Derecho 2021 del World Justice Project (WJP, Proyecto de Justicia Mundial) refiere que Bolivia ocupa el puesto 129 entre 139 naciones evaluadas. Observa que el problema más crítico es la pérdida de independencia.

Bolivia tiene un puntaje de 0,39, en la escala que va de 0 a 1, donde 1 indica la mayor adherencia al Estado de Derecho. El mejor evaluado en América Latina es Uruguay, con un puntaje de 0,7; seguido de Costa Rica, con 0,68, y Chile con 0,66.

Durante más de una década, el WJP implementó la herramienta más completa para medir el estado del Estado de Derecho en el mundo, que captura las experiencias y perspectivas de la población general y especialistas sobre diferentes dimensiones.

ESTADO DE DERECHO

El WJP define el Estado de Derecho como un sistema durable de leyes, instituciones, normas y compromisos comunitarios. Su vigencia es garantía de ciertos principios universales, como la rendición de cuentas, entendida como la obligación del Gobierno y de los actores privados de rendir cuentas ante la ley; leyes justas, de manera que las leyes sean claras, estables y aplicadas de forma equitativa, protegiendo los derechos fundamentales de la población.

En criterio de la institución, un Gobierno abierto es la condición necesaria a fin de que los procesos para promulgar, administrar y aplicar las leyes sean accesibles, justas y eficientes, y mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas, lo que significa que la justicia se aplica de forma oportuna por autoridades competentes, éticas, independientes y neutrales.

La Fundación Milenio concluye que no es sorprendente que el país figure en los últimos lugares en los rankings global y latinoamericano, y que sus puntajes en la mayoría de los factores evaluados, sean de reprobación y sumamente bajos.

SIN PROGRESOS

“Hay que subrayar que este último índice 2021 no muestra progresos con relación a los informes anteriores; al contrario, el panorama es de una continuada erosión de las instituciones del Estado de Derecho, y por lo cual se puede hablar incluso de ausencia de Estado de Derecho”, señala el documento de la Fundación Milenio.

Observa que el problema más crítico es la pérdida de independencia y el “descalabro” institucional que aqueja al sistema judicial, incapacitado, por lo mismo, de proteger los derechos fundamentales y proporcionar seguridad a los ciudadanos y de poner freno a los abusos del poder político y los funcionarios.

“El restablecimiento del Estado de Derecho es uno de grandes desafíos que tiene la sociedad boliviana. De ello, depende la posibilidad de reconstruir un sistema de gobierno democrático, abierto y transparente, y también de recrear un ambiente propicio para las inversiones, la estabilidad y el crecimiento económico”, sugiere Milenio.