“Estuvo 12 días aprehendido desde que fue secuestrado de Puerto Quijarro y fue hospitalizado por un ataque al corazón (…). El Ministerio Público no tardó ni 24 horas en presentar imputación para cautelarlo por homicidio sabiendo que ni él ni nadie mató al (funcionario)”, dijo el jurista.
Recordó que el cívico fue sustraído de Puerto Quijarro y trasladado a Santa Cruz, el pasado 23 de octubre y convulsionó en celdas policiales.
“Tuvo un preinfarto y fue trasladado al hospital San Juan de Dios donde fue hostigado por el Ministerio Público y la Policía Boliviana ignorando su estado de salud, tratando que firme documentos en estado de inconsciencia”, advirtió.
El jurista exige respeto a la vida, la salud y la integridad de los ciudadanos y que “no solo pretendan legalizar sus actos de tortura e ilegalidad absoluta por medio de una justicia que se utiliza con la única finalidad de amedrentar al ciudadano y privar de los derechos elementales”.