La justicia ordenó ayer la ampliación de detención preventiva, por tres meses, del coronel del Ejército, Héctor Pérez, quien fue imputado por cumplir una orden del exministro de Defensa, Luis Fernando López, de traer agentes químicos desde Ecuador durante los conflictos de 2019. No obstante a más de nueve meses del inicio del caso, las investigaciones no avanzan, según manifestó a EL DIARIO el abogado Rómulo Estívariz, que patrocina al militar.

“Es una flojera del Ministerio Público de avanzar en las diligencias de investigación, es una falta de seriedad de la Procuraduría de no hacer el seguimiento de los memoriales que presenta, y esa flojera hace que una persona inocente esté hasta ahora detenida, consecuentemente el abandono de su familia, trabajo, de los ingresos que él puede generar para sostener a su familia. Sus dos hijas van al colegio y una a la universidad y él no puede sustentarlas, porque lo mantienen detenido por un hecho en el que él no es el partícipe”, lamentó el jurista.

El 18 de noviembre de 2021, Pérez fue imputado por los presuntos delitos de tráfico ilícito de armas, porte o portación y uso de armas no convencionales, además de incumplimiento de deberes. Desde esa fecha guarda detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz, medida que ya fue ampliada en dos oportunidades.

Estívariz manifestó que la detención de su patrocinado es ilegal ya que él no tuvo participación directa en el hecho porque su rango no se lo permitía.

“Él es un servidor de las Fuerzas Armadas (FFAA) que ha cumplido una orden de ir a recoger para verificar la entrega de los gases, él no ha manipulado, no ha cargado ni lanzado ni uno solo de los gases que han traído del Ecuador, él solo fue en cumplimiento de una orden”, dijo.

Aclaró que de acuerdo a la Constitución Política de Estado (CPE) los militares no deliberan y que las órdenes son acatadas de manera vertical y a su patrocinado le ordenaron ir a recoger el material antidisturbios.

“Llegó a una zona militar de donde despegó el avión hércules, de zona militar a zona militar ecuatoriana donde le entregaron gases lacrimógenos y lo único que él hizo fue recibirlos en zona militar y los trajo del Ecuador a zona militar donde los entregó, por lo tanto él está sujeto a las leyes militares si es que hubiera habido algún delito”, precisó.

Asimismo dijo que las investigaciones respecto a su patrocinado ya terminaron, por lo que la ampliación a su detención preventiva está fuera de lugar, porque se demostró que él jamás firmó un contrato, “ni realizó alguna negociación internacional respecto al préstamo de gases porque eso se hace de Gobierno a Gobierno. Él solo actuó como mandadero, jamás efectuó pedido alguno porque su rango no le facultaba”.

En ese marco advirtió que en este caso la justicia está manejada políticamente, donde ni siquiera respetan el rango que tiene su cliente.

“El juez buscó tres pies al gato para ampliar la detención porque este es un acto meramente político. Con un argumento irrisorio señala que mientras la investigación sigue debe seguir detenido, pero la investigación con el coronel ya terminó, ya dijo todo, el Ministerio Público sabe que él no ha firmado ningún proceso de préstamo, no ha transportado porque no es piloto, y lo más alarmante es que en este caso no están procesados, y ni han sido llamados a declarar, el piloto y el co-piloto del avión hércules de la FAB (Fuerza Aérea Boliviana)”, cuestionó.

EL HECHO

De acuerdo al relato de Pérez, el 15 de noviembre de 2019, recibió una llamada en la que le instruían presentarse ante el ministro de Defensa, lo más antes posible. La autoridad se encontraba en Palacio de Gobierno, en reunión de gabinete.

“Cuando salió un momento de la reunión me dijo que esperara disposiciones, cuando terminó la reunión entre las 10 y 10:30 aproximadamente, me llamó el ministro y me dijo que Ecuador estaba prestando gases lacrimógenos y que debía trasladarme en un avión hércules para verificar la cantidad de gases que nos estaba prestando”, relató en anterior entrevista con este medio.

El mismo 15 de noviembre, él y otros funcionarios, fueron trasladados al hangar de los Diablos Negros de la ciudad de El Alto en el helicóptero presidencial. Entre las 17:00 y 18:00 horas despegó el avión hércules cuya tripulación fue el piloto, copiloto, navegante, tres técnicos del hércules, un mayor de la Policía y Pérez.

Llegaron a Ecuador la madrugada del 16 de noviembre donde personeros de la Policía los esperaban. Hicieron las presentaciones de rigor y posteriormente ingresaron vehículos con los gases lacrimógenos que deberían cargar al avión para trasladarlos a Bolivia.

“De acuerdo al acta de entrega y recepción que entregó en Ecuador se cargaron 5.000 gases lacrimógenos de mano GL–302; 2.389 proyectiles propulsores de largo alcance calibre 37mm; 560 proyectiles propulsores de corto alcance calibre 37mm; 500 granadas de sonido y destello para exteriores. En ningún momento se cargó armamento o munición letal o de guerra, estos calibres de corto y largo alcance son propulsores para lanzar gases a mayor o menor distancia, no es munición para dar de baja o para afectar físicamente a alguien. Son propulsores que se ponen a la escopeta Mossberg y esa munición impulsa los gases para que lleguen ya sea a una distancia de 100 metros o 300 y 350 metros que es la máxima”, aclaró.

Una vez que el material fue cargado al avión hércules, los uniformados iniciaron el retorno entre las 8:00 y 9:00 horas aproximadamente y llegaron a El Alto al promediar las 16:30 y 17:00 horas.

“Llamé al ministro para darle el parte y me dijo que lo llamara al Comandante del Ejército, general Iván Inchauste, quien me ordenó que entregue todo el material al coronel José Pinaya quien era el encargado de material Bélico del Ejército”, recordó.

Pérez aclaró que en Bolivia no se hizo un acta de entrega y recepción ya que se usó el firmado en Ecuador.

A tiempo de aclarar que nunca fungió como ayudante del exministro López, Pérez manifestó que recibió una orden verbal del ministro y el que escuchó la misma es el edecán de la exautoridad.