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Aceptan denuncia por “audios” atribuidos al Gobierno para descabezar al sector Salud

El Diario
Publicado Sabado, 23 de Julio de 2022.
Aceptan denuncia por “audios” atribuidos  al Gobierno para descabezar al sector Salud
La exsenadora Carmen Eva Gonzales aclaró que el audio también fue enviado a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que sea sometido a un peritaje.

La Fiscalía aceptó la denuncia por un audio atribuido a una reunión en el Ministerio de Salud que revela las “estrategias” del nivel central para mantener la presión judicial contra el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, y así eliminar a ese sector al que se denomina en la grabación como el más “reaccionario” contra el Gobierno, confirmó a EL DIARIO la exsenadora Carmen Eva Gonzales.


“Gracias a Dios nos han recibido la denuncia, ahora está en manos de la Fiscalía y deberán investigar. Cuando salieron los audios presenté la denuncia a través de mi abogado pero no nos quisieron recibir, decían que habían órdenes superiores para no recibir”, dijo Gonzales.


Asimismo aclaró que el audio fue enviado a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que sea sometido a un peritaje.


El audio que circuló por las plataformas digitales sin determinar su procedencia fue compartido por la exsenadora Carmen Eva Gonzáles, y que señala como protagonistas a los altos funcionarios del Ministerio de Salud, incluido el ministro Jeyzon Auza en lo que parece ser una reunión de evaluación institucional que luego pasa al discurso político judicial.


“Después del golpe Larrea se hace nombrar director del Seguro Social Universitario”, explica un funcionario y agrega que aquello se activó “sin cumplir los requisitos como tener título de administrador de hospitales”. “Durante ocho meses cobró sueldo sin marcar tarjeta porque no iba a trabajar sino que estaba preparando el golpe, era punta de lanza del golpe”, agrega el sujeto, posiblemente identificado como el director de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (Asuss), José Víctor Patiño.


Según el audio de la reunión, existe un informe de Contraloría General de 2020 que servirá como prueba para enjuiciar a Larrea y con ello debilitar al sector médico, pero también se presionará al Seguro Universitario para que se haga parte denunciante en el proceso bajo amenaza de incumplimiento de deberes.


En el audio también se señala la participación de la directora de Promoción de Salud, María Bolivia Rothe, el viceministro de Gestión Social, Álvaro Terrazas, y la exministra de Salud de Evo Morales, Gabriela Montaño, que regresó a La Paz hace unas semanas.


Auza pide que se minimice a Larrea y se vaya debilitando los paros del sector, mientras Patiño pide que se coordinen acciones con el Ministerio de Justicia y la Fiscalía “antes del 19”. Otra voz, posiblemente Terrazas, dijo que los médicos “es el sector más reaccionario del país y van a seguir organizándose en Santa Cruz y Cochabamba”. Por ello, concluye Auza, hay que “lograr el objetivo” de “eliminar al Colegio Médico”.

APREHENSIÓN


El 8 de julio pasado, Larrea fue aprehendido bajo denuncia de homicidio a su propio padre, quien falleció al año pasado por covid-19. El Juzgado Noveno de Instrucción definió otorgar libertad pura y simple al galeno y a su hermano, en un proceso que inició otro hijo de su progenitor que no veía hace 15 años.


El fiscal asignado Armando Rojas, anunció que se apeló la decisión judicial para pedir detención domiciliaria contra el médico, por una aparente contradicción procesal.


“La juez ha determinado medidas sustitutivas en relación a este caso, se les ha dado la ‘marcación’ al biométrico cada quince días, es lo dispuesto por el Órgano Judicial. El Ministerio Público ha apelado esta decisión, la libertad pura y simple consiste en que los imputados no tengan ningún tipo de medidas de presentación”, declaró el fiscal, en la oportunidad.


En conferencia de prensa de fecha 11 de julio, Larrea pidió que ese audio sea investigado e incluso dijo que se envió una nota al presidente Luis Arce, porque con esa prueba se confirmaría que en Bolivia se van “armando delitos” contra la ciudadanía. (EL DIARIO y Visor21)



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