“Dice el informe fotografías tomadas de la camioneta patrullera con placa 3164ZTA con tres ventanas rotas, abolladuras y posiblemente con un disparo de arma de fuego, perdigón. Hemos visto cómo es que los mismos policías con un destornillador van y les hacen esos huecos a las patrullas, hemos evidenciado cómo estaban montando este proceso”, aseguró Valda.

El jurista precisó que la aprehensión de las ocho personas, la noche del martes, fue por demás irregular porque el denunciante es el mismo que ejecuta la orden de acción directa.

Los ocho jóvenes que fueron aprehendidos el martes y liberados ayer, fueron denunciados por el presunto delito de destrucción y deterioro de bienes del Estado, lesiones graves y leves, además de asociación delictuosa. No obstante no presentaron ningún certificado médico forense.

“El martes a las 21.00 horas, en la intervención policial del comando de la Policía, para persuadir a un grupo de mil personas para que no se encuentren hemos sido sorprendidos por la multitud de turbas con piedras, causando lesiones en lo policías y daños materiales en los patrulleros, posteriormente se han dirigido a instalaciones de la Policía para ocasionar daños, destrozos a la infraestructura por lo que han sido aprehendidos los ocho ciudadanos”, leyó Valda de la denuncia presentada por Rojas Orellana.

Asimismo, Valda advirtió que un mismo policía es designado como investigador especial y del caso, cuando los dos son trabajos diferentes.

“La ilegalidad no termina ahí, resulta que realizó acta de registro de evidencias en el lugar de los hechos, donde muestra, sin fecha, sin sellos, ni firma, denunciante Edson Rojas Orellana, denunciado ocho personas, investigador especial Juan Quiroz, asignado al caso, Juan Quiroz, desde cuándo puede ser el investigador el mismo, si se supone que tienen distintas tareas y competencias”, interrogó Valda.

Por otro lado, de acuerdo a la estatal ABI, la noche del 1 de noviembre, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que un grupo armado que responde a la línea política del gobernador Luis Fernando Camacho, y de la parapolicial Unión Juvenil Cruceñista, atacó con disparos de armas de fuego a la Policía Boliviana cuando intentaba controlar el desborde violento en el municipio de La Guardia, Santa Cruz.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, mostró a los medios de prensa presuntos impactos de proyectil de arma de fuego sobre la cabina de una patrulla policial y destrucción de otros por lanzamiento de piedras y explosivos caseros.

Ríos, al señalar los impactos de proyectiles sobre la camioneta policial, dijo que los policías desplazados en el operativo de seguridad fueron directamente atacados por armas de fuego, lo cual muestra un nivel de preparación y ejecución de operativos propios de grupos parapoliciales o paramilitares.