El gobierno pretende que activistas defensores del 21F y universitarios paguen $us 8 millones por los daños materiales causados al Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, la oficina del Servicio de Impuestos Nacionales y el multicentro de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), durante los desórdenes violentos cometidos en la capital cruceña el martes 11, en repudio a la decisión del binomio presidencial de buscar una nueva reelección en las elecciones generales de del próximo año.
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