Carlos Quisbert /Iván R. Rada.-
La palabra “feminicidio” había cumplido los mismos 36 años que la periodista Hanalí Huaycho hasta aquel aciago febrero de 2013 cuando fue asesinada frente a su hijo y su madre, pero en Bolivia aún no existía nombre, definición jurídica o ley para tipificar y sancionar la violencia sistemática con la que era arremetido el cuerpo de una mujer antes de ser victimada.
Eran tales los extremos, que el asesinato de una esposa, hija, empleada, concubina o enamorada, podía no ser considerado un delito, sino, un derecho de propiedad sobre sus cuerpos, sobre su vida.
Esa, fue la realidad con la que se encontraron hace 35 años, tres feministas que hoy son parte inseparable de la iracunda lucha por los derechos de las mujeres bolivianas.
Mary Marca en La Paz, Julieta Montaño en Cochabamba y Miriam Suarez en Santa Cruz, son representantes de otras cientos de luchadoras que silenciosas continúan en esa imperturbable postura, que desde la reinstalación de la democracia en Bolivia en 1982, cuestionan el sistema.
“Las leyes son el resultado de la sistematización de procesos muy dolorosos, son una respuesta a las necesidades y desigualdades que se convierten en injusticias, no son el invento de algún legislador o de un gobierno, en ese sentido una puede afirmar que las leyes tienen un alto costo social para las mujeres, y las demás, somos herederas de esas luchas y beneficiarias de esas conquistas”, afirma Miriam Suarez, directora de la Casa de la Mujer en Santa Cruz.
Suarez, asegura que para las mujeres sometidas al legado machista existen otras formas de morir, más lentas, como el silencio.
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