Seis de los ocho funcionarios públicos que eran cómplices del consorcio de abogados, donde Jhasmany T. era el cabecilla, fueron enviados a diferentes centros carcelarios en el departamento de Cochabamba. El vocal de La Sala Penal Tercera, César Nelson P. A., y el fiscal de materia Mauricio O., fueron beneficiados con detención domiciliaria.
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