La organización denuncia que, el pasado 20 de agosto, la familia de Albarracín fue otra vez víctima de amedrentamientos que estarían posiblemente conectados al incendio de su vivienda en 2019.
La organización Amnistía Internacional envió al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, una carta en la que expresa su preocupación por supuestos amedrentamientos y amenazas que habría sufrido el exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín, y su familia, por lo que pidió al Gobierno un informe sobre esta situación.
El organismo internacional publicó una carta en sus redes sociales con fecha 28 de agosto de 2024, en la cual reitera que Amnistía Internacional sigue el caso del defensor de derechos humanos “desde la década de los noventa”.
El documento señala que “durante muchos años, el señor Albarracín Sánchez y su familia han sido sujetos de ataques, amenazas, estigmatización y campañas de desprestigio que han pretendido deslegitimar su labor de defensa de derechos humanos”.
Mencionan a Del Castillo que uno de estos incidentes fue la quema de la vivienda de Albarracín, durante la convulsión social de 2019 en manos de un centenar de personas, luego de que él y su hijo, el abogado Franco Albarracín, fueran estigmatizados por las autoridades en anteriores declaraciones públicas.
En esta oportunidad, la organización denunció que el pasado 20 de agosto, la familia de Waldo Albarracín fue “nuevamente sujeta de actos de amedrentamiento”, que estarían presuntamente conectados al incendio de 2019. En ese marco, recordó al Estado su responsabilidad en la protección de defensores de derechos humanos.
En tal sentido, solicitaron al Ministerio de Gobierno información sobre “cualquier medida que se haya implementado para dar seguimiento a los hechos denunciados por la familia de Waldo Albarracín”.
“Reconociendo su labor como funcionario público titular del Órgano (Ejecutivo) del Estado Plurinacional de Bolivia que reúne los esfuerzos oficiales relevantes en el tema de derechos humanos, agradecemos de antemano su atención para recopilar la información solicitada en la presente”, finaliza el documento.
En el remitente de la misiva, firma la Oficina Regional para las Américas de Amnistía Internacional, cuya sede está situada en Ciudad de México.
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