El Ministerio de Justicia actuó de manera mucho más agresiva que el Ministerio Público contra el médico Jhiery Fernández para asegurar la sentencia a 20 años de cárcel por un delito que no cometió, mientras que desde la Gobernación nunca tomaron acciones a pesar de que ambas instituciones fueron avisadas de las irregularidades que se cometían, afirmó ayer el asesor jurídico de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (ASPDB), Franco Albarracín.
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