Es incorrecto señalar que las recomendaciones dadas por los Estados que conforman el Consejo de Derechos Humanos no tienen carácter vinculante, cuando hacen referencia a tratados y convenios internacionales a los que se ha adscrito el Estado boliviano de manera voluntaria.

Las recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU) al Estado boliviano dadas ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas equivalen a una sentencia internacional, porque emanan de convenios y tratados internacionales que son de cumplimiento obligatorio, afirmó el experto en Derechos Humanos y Derechos Internacionales, Franco Albarracín.
Ante la posición gubernamental que sostiene que las recomendaciones en el marco del EPU no son de carácter vinculante y por tanto no son de cumplimiento obligatorio, el jurista calificó esta postura de infantil e inmadura, cual si fuera un niño de colegio al que se debe obligar a que cumpla sus tareas.
“Una sentencia emana de un grupo de jueces que a la final de cuentas pueden o no responder a un solo organismo internacional, pero este es un proceso político que emerge de un conjunto de Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, es más importante que una sentencia, porque son decenas de estados que te dicen: cumpla con sus compromisos y obligaciones internacionales”, aseveró en entrevista a ANA.
Albarracín explicó que es incorrecto señalar que las recomendaciones dadas por los Estados que conforman el Consejo de Derechos Humanos no tienen carácter vinculante, cuando hacen referencia a tratados y convenios internacionales a los que se ha adscrito el Estado boliviano de manera voluntaria.
“El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Acuerdo de Escazú y el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales son de cumplimiento obligatorio, y las recomendaciones hacen referencia a estos tratados vinculantes, por eso, ese argumento que señala es poco serio, para un Estado que de manera voluntaria se ha adscrito a estos tratados”, señaló el experto.
Cuestionó para qué se envía una delegación oficial al EPU, se realizan gastos en pasajes hasta Ginebra, Suiza, si luego se va a decir que no se va a cumplir tal o cual recomendación, y no se le va a dar la importancia que requiere.
“Estados Unidos, Rusia, Chile, Alemania, Portugal, Italia y otros países le están diciendo al Estado boliviano: oiga cumpla con estos compromisos”, citó.
El jurista destacó que mientras el gobierno de Luis Arce llevó a la sesión del Examen Periódico Universal un informe poco sustentado e ideologizado donde arranca diciendo que el año 2019 hubo un “golpe de Estado”, los informes elaborados desde la sociedad civil están sustentados por datos técnicos y hasta científicos derivados de trabajos de varios años.
En ese esfuerzo destacó los informes elaborados por la Alianza por los Derechos Humanos y el Medio Ambiente (Adhma), coalición de la sociedad civil liderada por el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) y la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originario Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), se centraron en los múltiples impactos de la minería del oro y el mercurio en territorios indígenas, en los incendios forestales y la vulneración de derechos inherentes al desastre ambiental, en el Estado de Derecho y la democracia, en la situación de las defensoras y defensores del medioambiente y sus territorios.
El experto dio sus impresiones durante la retransmisión en vivo del Examen Periódico Universal que ofreció ANA, en un esfuerzo conjunto con el Cedib y la Contiocap.
De acuerdo a la sistematización del EPU que realizó la Red Unitas, ocho países observaron la situación que atraviesan periodistas y medios de comunicación en Bolivia. Liechtenstein, Corea, Suecia, Reino Unido, Canadá, Chequia, Francia e Italia recomendaron al Estado boliviano prevenir, investigar, sancionar y reparar actos de vulneración hacia los trabajadores de los medios de comunicación.
“Adoptar medidas para garantizar una mayor protección para periodistas y evitar la violencia”, recomendó Reino Unido. Francia, por su lado, sugirió al país “garantizar la libertad de prensa” y luchas contra la violencia hacia periodistas.
Países como República Checa, Rumania y España, por su lado, sugirieron a Bolivia aprobar la ley de acceso a la información. El año pasado, el Senado aprobó este proyecto presentado por diversas organizaciones de la sociedad civil y no ha sido tratado aún por la Cámara de Diputados.
Con énfasis en la protección de defensores y defensoras medioambientales, varios Estados hicieron eco de que el Estado boliviano asuma la protección de aquellas organizaciones y personas que se dedican a defender derechos. Un total de nueve países recomendaron al Estado asumir acciones en esta materia.
Israel, por ejemplo, demandó una política pública que garantice los derechos de las personas abocadas a la defensa de derechos humanos en Bolivia. “Una política concreta para personas defensoras de derechos humanos, para la seguridad de su integridad”, encomendó, por su lado, el representante diplomático de Malta. A estos países se suman Irlanda, Liechtenstein, Corea, Bélgica, Estonia, Finlandia y Alemania.
Cinco países recomendaron a Bolivia asumir acciones para garantizar la autonomía e independencia de las organizaciones de la sociedad civil: Países Bajos, Irlanda, Polonia, Argentina y Colombia.
Argentina, por ejemplo, recomendó al Estado boliviano “respetar la autonomía e independencia de las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones religiosas y de derechos humanos”.
Colombia, por su parte, encomendó ajustar el contenido de la ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas y su decreto reglamentario, a fin de que elimine las restricciones a las organizaciones de la sociedad civil para que operen de manera libre y efectiva.
Jordania, Eslovaquia, Eslovenia y Costa Rica observaron y recomendaron acciones para garantizar las manifestaciones pacíficas en Bolivia. “Derecho a la libertad de reunión y protesta para que las fuerzas del orden garanticen la protesta, enmarcado en un protocolo modelo para la reunión pacífica”, compartió Costa Rica.
El ministro Siles, al inicio del acto, brindó un detalle sobre las labores que ha realizado el Estado en materia de derechos humanos y mencionó que los comentarios y recomendaciones tienen carácter vinculante. “En representación del país aguardo sus amables comentarios, preguntas y recomendaciones que, a la luz de la Constitución Política del Estado, tienen carácter obligatorio, vinculante y se encuentran situados jerárquicamente dentro del bloque de constitucionalidad”, declaró. (ANA)