En la comunidad Tres Marías, ubicada en el municipio de Yanacachi (Sud Yungas) se encuentran en estado de emergencia, tras haber sido criminalizada la defensa de su territorio, el medioambiente y la vocación productiva de la región, frente al avance de los mineros cooperativistas que ingresaron a la zona con maquinaria pesada y en compañía de policías.

En ausencia del secretario general de la comunidad agraria Tres Marías, Isaac Catacora, declarado en clandestinidad, así como de otros cuatro comunarios perseguidos penalmente por oponerse a la minería aurífera en su territorio, se posesionó un directorio paralelo, dispuesto a promover la extracción del oro por cooperativas mineras.
“A espaldas mías, sin hacer caso a la base de la comunidad se eligieron entre ellos, sin tomar en cuenta que mi directorio fenece en abril de este año”, afirmó el dirigente a ANA, sobre el cual pesa una orden de aprehensión.
El también productor de flores lamentó que el secretario de la Central La Florida, René Quise, “se haya prestado a posesionar a un directorio ilegítimo e ilegal”, lo cual va en contra de los intereses de la comunidad agraria situada en la cabecera del municipio de Yanacachi, dedicada a la floricultura y apicultura.
Juraron en el directorio paralelo, según informaron los comunarios: Dither Choque, Eber Condori Maldonado, Duberlindo Loza Callisaya y Julia Yujra.
Recordó que a simple denuncia del apoderado de la Cooperativa Minera Salvadora Yerbani, Juan José Gómez Choque, la Fiscalía de Coroico en coordinación con la Policía aprehendió a César Condori, padre de familia y productor de flores de Tres Marías, actualmente con medidas sustitutivas, tras haber sido detenido en la cárcel de San Pedro, por haber hecho frente a los mineros cooperativistas.
“¿Qué pensamiento tendrán?, no velan por sus hijos (…). Estoy mal con lo que me están haciendo, no lucho solo por dos personas, sino a nivel municipal, esa agua de la Cooperativa Minera Salvadora Yerbani está contaminando todo, antes había truchas en el río, ahora ya no hay peces”, lamentó.
Indicó que algunos concejales del municipio al igual que el ejecutivo de la Federación Provincial Yanacachi, Eloy Quiquisana, respalden la minería aurífera, conociendo los efectos en el medioambiente y la salud de las personas.
Tal como pasó con César Condori, la imputación de la Fiscalía por presuntos delitos de “lesiones leves y graves, avasallamiento de área minera y asociación delictuosa” pesan en contra de Isaac Catacora, Adrián Arenas Huayta, Mario Colque, Santos Oliva, Rodo Oliva, Héctor Cama, Lola Catacora y Hugo Apaza, quienes temen ser aprehendidos en cualquier momento.
En la comunidad Tres Marías se encuentran en estado de emergencia, tras haber sido criminalizada la defensa de su territorio, el medioambiente y la vocación productiva de la región, frente al avance de los mineros cooperativistas que ingresaron a la zona con maquinaria pesada y en compañía de policías, bajo el argumento de tener “derecho preconstituido” y tras la fachada de una cooperativa de nombre Ñequejahuira Cotapata.
Por su parte, la exsecretaria general de la comunidad Tres Marías, Mery Catacora, explicó que para que el directorio deje de tener vigencia debe cerrar el libro de Actas y llamar a una reunión con la mayor cantidad de afiliados para elegir al nuevo directorio, además de convocar con nota escrita al secretario de la Central Florida a la que pertenece la comunidad, para que dé curso a la posesión de nuevos dirigentes, lo cual no sucedió.
“Todo fue ilegal; no hubo ninguna invitación para la Central La Florida. René Quise sostiene que el señor Primitivo Choque le ha insistido en venir a la comunidad, pero don Primitivo nunca ejerció como vocal, lo mismo que el señor Duberlindo Loza, quien en mi gestión me ha abandonado, era de vialidad y dejó el cargo porque está en la cooperativista de la mina Chillata, pero ahora resulta siendo nombrado en el directorio. No sabemos qué cargo ocupará”, relató.
Según la comunaria, los dirigentes paralelos conocen los estatutos de Tres Marías, lo que agrava si situación porque lo están haciendo a conciencia de es ilegal.
“Conocen los estatutos saben muy bien porque algunos de ellos han palpado lo que es ser dirigente, y nos sorprenden que quieran ser dirigentes e incluso han renunciado al cargo, por ejemplo la señora Julia Yujra dice quien dice ser una supuesta secretaria general, pero en mi gestión 2021 me ha abandonó en mi cargo por irse a una cooperativa, lo misma ha pasado con la señora Antonia Limachi igual se ha ido a una cooperativa, han preferido una cooperativa que una comunidad”, manifestó.
A su turno Jesús Paco, secretario de Actas aseveró que el “golpe” al directorio de Isaac Catacora fue planificado ya que previno al secretario de La Florida que la reunión que pensaba llevarse en Tres Marías en ausencia de Isaac Catacora era ilegal y no contaba con el apoyo de la mayoría de los afiliados.
“Don René dijo que no asistiría a la reunión porque no apoyaría ni a un lado ni al otro porque estaban peleando en la comunidad y también envió un mensaje al grupo de WhatsApp suspendiendo la reunión, pero de todos modos hicieron la reunión entre los comunarios que nombraron a su nuevo directorio”, reveló.
Entre otros hechos llamativos dijo que el secretario de Justicia, Santiago Condori del directorio legal de Isaac Catacora renunció en la misma reunión donde se eligió al directorio paralelo y señala que ya no pertenece.
“En pocas palabras esto comenzó cuando hubo las demandas en contra de los comunarios y empezaron hacer negociaciones con los cooperativistas mineros, hubo una última reunión en la Defensoría del Pueblo y estaba el abogado de la comunidad de Yerbani, donde llegaron a un acuerdo para dejar que se hiciera minería en la comunidad”, señaló.
El caso de Tres Marías llegó a conocimiento de la representación de Naciones Unidas en Bolivia y contó con el respaldo de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originario Campesinos (Contiocap), por sus connotaciones de vulneración de Derechos Humanos y ambientales con la participación del propio Estado a través de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), la Fiscalía y la Policía. (ANA)