En el pronunciamiento, la máxima organización gremial potosina recuerda a ambas entidades estatales los mandatos que constitucional y legalmente se les asigna para actuar ante la vulneración de los derechos individuales y colectivos, como sucedió en Potosí con las últimas agresiones a periodistas y la obstrucción de su trabajo por parte de sectores sociales movilizados.
La mañana del martes 25 de abril, más de una veintena de trabajadores de la prensa fueron increpados y agredidos verbalmente por la labor que cumplían; a dos de ellos, Óscar Téllez e Iris Toro, en diferentes lugares los rodearon, agredieron físicamente e intentaron arrebatarles sus equipos cuando reportaban la protesta de vecinos de Villa Victoria que demandaban al ejecutivo municipal la reanudación de las obras de un campo deportivo.
Las grabaciones realizadas por los dos periodistas muestran lo enardecidos que se encontraban los manifestantes, la mayoría mujeres, que impidieron su labor.
Los vecinos también increparon y persiguieron al alcalde de Potosí, Johnny Llally, quien huyó en un vehículo, y agredieron físicamente a guardias municipales que resguardaban el ingreso a las oficinas municipales presuntamente en respuesta a que estos les echaron con agua, gasificaron y golpearon.
“Al no encontrar al Alcalde empezaron a enojarse con la prensa, a insultarnos como prensa vendida y con todos los adjetivos que ya los escuchamos muchas veces. Nos culparon de que el Alcalde no les atienda”, relató el periodista del portal El Federal Erwin Valda a la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).