Sin duda la población en general está angustiada por la crisis económica en la que se encuentra el país, cuyos síntomas más visibles son la falta de dólares, de combustibles, el creciente desempleo, la elevación de precios de alimentos, medicamentos, etc., los incendios forestales, así como la inoperancia gubernamental para resolver esos y otros problemas de gravedad. Sin embargo, también se advierte mayor inseguridad ciudadana, por numerosos hechos, como las ejecuciones de involucrados en narcotráfico, asaltos, robos, feminicidios, infanticidios, ataques violentos a adultos mayores y los casos de personas desaparecidas. Todo ello tiene que ver con la seguridad ciudadana en el país.

Se anuncia con cierta regularidad, desde hace algunos años, que el gobierno de turno está adoptando medidas efectivas para garantizar a la ciudadanía un ambiente de tranquilidad, mediante el abatimiento o control de bandas de individuos peligrosos que merodean en las principales capitales de departamento. Los organismos gubernamentales del caso llevaron adelante reuniones de toda índole para reorganizar el sistema de seguridad, pero no cesan los delitos, cada vez con mayor ensañamiento.

En cuanto a la trata y tráfico de personas, es un grave delito que afecta derechos individuales y, en muchos casos, causa angustia familiar. A pesar de que se afirma que en nuestro país no es frecuente esa actividad execrable, no se cuenta con organismos especializados que puedan garantizar que eso es así. Al respecto, el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana informó recientemente que de enero a junio de 2024, hubo 327 casos de trata y tráfico de personas, de los cuales 139 son menores de 18 años. De las víctimas, 122 son varones y 205 son mujeres.

También se ha sabido que prevalece la trata interna, que consiste en captar mujeres en áreas rurales para trasladarlas a ciudades, en ciertas épocas, como durante la temporada de zafra en el oriente y para la producción minera en occidente. También se lleva adolescentes de municipios cochabambinos hacia el oriente, para explotación laboral o sexual. Por otra parte, en menor cantidad se produce el tráfico de personas por zonas fronterizas, como Desaguadero, de gran actividad comercial. Desde Tarija se puede pasar fácilmente a poblaciones argentinas. Mientras que desde Puerto Suárez y Cobija se puede llegar al Brasil.

Lo más preocupante es que cada vez aumenta el número de adolescentes que los traficantes de personas atraen mediante redes sociales. Es el medio preferido para contactar a las víctimas y ganar su confianza, ofreciéndoles atractivas oportunidades para mejorar su situación económica. Sin olvidar que problemas como la discriminación de género, violencia en el hogar, carencia de oportunidades para educación y trabajo también las impulsan a caer en las redes de los delincuentes.

En consecuencia, estos problemas merecen la máxima atención de parte de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad ciudadana.