El nuevo gobernador reemplaza en el cargo al coronel David Machicado, denunciado por los internos de base y familiares de ser cómplice de los cobros coactivos dentro del penal y proteger al delegado Kevin Fernández, mano derecha de la Dirección General de Régimen Penitenciario, que es quien impone la disciplina.

El delegado pese a que fue denunciado de la muerte de un interno en ese recinto, la policía ni Régimen propiciaron ninguna investigación, y por el contrario favorecieron el traslado de otros internos considerados “una molestia” para el actual mandamás de esa cárcel.

Machicado, pese a las denuncias, fue ascendido a Director Nacional de Seguridad Penitenciaria en reemplazo de Hernán Romero, según el documento sobre una actividad realizada por Régimen Penitenciario.

LA FIESTA

La fiesta en la sección Palmar se realizó el sábado 22 de abril, supuestamente con motivo de su aniversario. Empezó casi al medio día con la repartición de salteñas y bebidas cola, pero con el paso de las horas ingresaron a San Pedro grupos musicales que amenizaron el evento con luces, humo artificial y consumo de bebidas alcohólicas, que derivó en peleas en la madrugada.

“Felizmente no hubo muertes que lamentar como es de costumbre”, dijo a ANF un funcionario cercano a Régimen Penitenciario que pidió la reserva de su nombre.

La realización de fiestas con consumo de bebidas alcohólicas y droga es habitual en San Pedro, actividad que es coordinada con el consejo de delegados y autorizada por la gobernación del penal. La Policía carcelaria para descargar su responsabilidad, manda a imprimir circulares, sobre la prohibición del ingreso y consumo de bebidas alcohólicas, que adornan la pizarra frente a la oficina del alcaide.

EXTORSIÓN

Pese a las denuncias de cobros extorsivos por parte de los delegados, estos actos ilegales continúan. Por ejemplo, para garantizar la fiesta en Palmar, los internos nuevos fueron extorsionados con hasta 7.000 bolivianos para destinar ese recurso a la contratación del grupo musical y la compra de alcohol, denunciaron exinternos y familiares.

“Hacen llorar a los internos, los amenazan, los golpean, amenazan a sus familiares que deben conseguir el dinero de donde sea, incluso prestándose o vendiendo sus cosas, y eso no le interesa al director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, que prefiere mirar a otro lado con tal de tener el control del penal”, dijo un familiar a ANF.

UN POLICÍA QUE INCUMPLE LAS DETERMINACIONES JUDICIALES

Sillerico fue derivado del penal de Chonchocoro, en el que fungía de director del establecimiento. El teniente coronel es quien debía realizar un informe sobre si ese centro carcelario cumple con los estándares internacionales y los requerimientos de atención médica integral para el dirigente cocalero César Apaza, como resultado de una Acción de Libertad interpuesta por la Defensoría del Pueblo, pero incumplió.

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, dijo a un medio local, hace dos semanas, que el director del penal de Chonchocoro “realizó un informe incompleto por lo que recurriremos nuevamente al juez para que conmine al funcionario y extienda un segundo informe”.

Callisaya lamentó el incumplimiento del funcionario y dijo que como defensoría están en la lógica de “cuestionar desde la perspectiva judicial la labor que tiene el director del penal de Chonchocoro en la atención del tema de salud y la integridad y la vida del señor Apaza”.

Internos de la sección Chonchocorito que se contactaron con ANF dijeron a este medio que esperan que el nuevo gobernador no siga los pasos de su antecesor Machicado de fomentar el cobro extorsivo, sobre todo a los encarcelados por impago de pensiones, por lo que esa sección se ganó el apelativo de “mina de plata” del director del penal. Dijeron que seguirán denunciando si este tipo de ilegalidades continúa, así no tengan el apoyo de las organizaciones de derechos humanos ni de la Defensoría del Pueblo.

ANF accedió al testimonio de una víctima de estos cobros que identifica en el ilícito a delegados y policías. (ANF).