Tendido en la mesa de autopsias, el cuerpo de Valentina todavía describe la otra parte de su vida, pues ante la presión dactilar, de sus senos aún brotan abundantes chorros de leche fría revelando que el feminicidio dejaba a otra víctima colateral viva.
La bebé de apenas un año, que aún dependía del pecho materno, quedó al cuidado de Elvira, la abuela de 63 años que desde la Comunidad Cocani del municipio de Achacachi, acudió junto a la familia para rescatarla junto a sus tres hermanos, de siete, cinco y tres años.
Los nombres reales de los cuatro menores no figuran como dependientes de algún tipo de atención en los registros de la Defensoría de Achacachi ni en las listas de niños o niñas que deben recibir atención o apoyo de la Gobernación de La Paz, y en esa línea, su caso nunca será tomado en cuenta para emitir políticas de prevención o atención de menores huérfanos ante el feminicidio de la madre a manos del padre, que en un 90 por ciento termina en un centro penitenciario.
A futuro, de mantenerse el anonimato de su situación, los niños de Valentina tampoco serán parte de las estadísticas que deben ser centralizadas y emitidas por el Sistema de Información de la Niña, Niño y Adolescente (Sinna) y el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (Sippase), ambos a cargo del Ministerio de Justicia.
La falta de implementación de esos sistemas, como concluyeron los dos consejos sectoriales e intersectoriales realizados entre el 26 y 27 de julio, organizados por la direcciones de la Niñez y Género de esa cartera de Estado, deja pendiente la problemática y visualización de esas víctimas colaterales del feminicidio.
Una labor inconclusa de implementación a cinco años de la promulgación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia - Ley 348 y a dos de la Ley 548, del nuevo Código Niña, Niño y Adolecente.
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