El lunes 17 de abril de 2023, un grupo de comunarios del Ayllu Hampaturi bloqueó en inmediaciones de las oficinas de Epsas, de Villa Fátima, exigiendo la destitución de Iraizos por incumplimiento de acuerdos, principalmente porque les quieren dotar de “agua contaminada”, siendo ellos los guardianes de las represas que suministran el líquido elemento a toda la zona Sur de la ciudad de La Paz.

“Este señor gerente (interventor) de Epsas nos quiere dar agua copajira, contaminado, agua de la mina. Esa (agua) toda nuestra chacra lo está matando, todo nos está contaminando, no tenemos nada. Vamos a subir a cerrar (la) válvula (de agua). Nuestra agua cómo se va a llevar hasta Río Abajo, Jupapina, Mallasa, en ese lugar está vendiendo él. ¿Y para nosotros? ¿No somos gente? Nosotros prohibido de agua somos”, declaró en la oportunidad uno de los comunarios movilizados.

Después de una reunión con autoridades de Epsas y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), se acordó un cuarto intermedio hasta el domingo 23 de abril, donde se efectuaría un ampliado en Hampaturi, en tanto Iraizos debería tomar vacaciones.

“Después de la reunión, el abogado de Epsas me llamó insistentemente varios días, hasta que el jueves (20 de abril) nos encontramos y me dijo que calme a la gente, que nos ayudemos y que haga lo posible porque no se lleve a cabo la reunión del domingo y me dio 20 mil bolivianos”, explicó Choque.

El dirigente explicó que recibió el dinero para probar la denuncia, ya que en anteriores oportunidades se denunciaron actos de soborno y corrupción, empero no había una prueba material que respalde aquello.

El domingo 23 de abril de 2023, en una reunión donde participaron todas las autoridades originarias del Ayllu Hampaturi La Cumbre; el ministro del MMAyA, Juan Santos Cruz; el viceministro de Agua, Carmelo Valda y la directora de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS), Karina Ordoñez; el dirigente puso en mesa el dinero del soborno y exigieron la destitución del interventor de Epsas.

El titular del MMAyA se comprometió a la destitución del interventor en un plazo no mayor a 48 horas, empero no dijo nada de la denuncia del dirigente, a pesar que el artículo 14 de la Ley 004 señala: “La máxima autoridad ejecutiva de la entidad afectada o las autoridades llamadas por ley, deberán constituirse obligatoriamente en parte querellante de los delitos de corrupción y vinculados, una vez conocidos éstos, debiendo promover las acciones legales correspondientes ante las instancias competentes. Su omisión importará incurrir en el delito de incumplimiento de deberes y otros que correspondan, de conformidad con la presente ley”.

Choque lamentó la actitud pasiva del titular del MMAyA, quien al enterarse del presunto soborno y la presentación de los billetes bolivianos que suman 20 mil, no ordenó ninguna investigación.

DE DENUNCIANTE A DENUNCIADO

A pesar de la denuncia, que también hizo llegar al presidente del Estado, Luis Arce Catacora, el dirigente fue denunciado por calumnias por el interventor de Epsas, según el sistema del poder judicial al que el abogado Marco Antonio Ramos, que patrocina al dirigente, tuvo acceso.

Choque que representa a las comunidades de Lorocota, Palcoma, Hampaturi Chico, Carpani, Jokonaque, Quiñuma, Sunturuta, Choquequihuani, Micaya Jacha, Apacheta y Sector Jacha, lamentó que Iraizos recurra a este tipo de situaciones con el propósito de amedrentarlo y cree una especie de división dentro el Ayllu.

“Mi persona, mi familia y todo mi directorio de autoridades está sufriendo amenaza de muerte y amedrentamiento, lo cual está generando gran temor y preocupación, siendo que ésta es una de las represalias por la denuncia realizada del soborno y actos irregulares que realizo Gonzalo Bladimir Iraizos Escobar”, advirtió Choque.

En ese marco, el dirigente de Hampaturi aseguró que continúan en estado de emergencia y anunció que reanudarán sus movilizaciones para exigir agua potable para sus comunidades y la destitución del interventor.

El equipo de EL DIARIO buscó la versión del interventor de Epsas y el funcionario implicado, empero el primero colgó el teléfono y el segundo dijo que estaba en una reunión.

La semana pasada, este medio se dirigió a las oficinas de Villa Fátima, pero la responsable de comunicación dijo que el interventor estaba en una reunión y que no se podía hablar con el responsable de la unidad transparencia porque no tenía autorización.