La quinta cesión del Consejo Sectorial e Intersectorial “Por una Vida Libre de Violencia” reveló varias falencias en la implementación de las leyes 348 de lucha contra la violencia y 243 contra el acoso político, por lo que se determinó concretar acciones para analizar el incumplimiento en la asignación de recursos por parte de los gobiernos autónomos, como lo explicó la Maysa Ureña, directora de Género del Ministerio de Justicia.
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