Este año se conmemoran dos fechas claves en el desarrollo urbano de la ciudad de Panamá: la invasión por el ejército de Estados Unidos, el 20 de diciembre de 1989, para deponer al dictador Manuel A. Noriega, y la reversión plena de las tierras de la antigua Zona y de la administración del Canal a la soberanía panameña, el 31 de diciembre de 1999.

Para comprender el impacto del cambio de régimen que se dio luego de la invasión en la configuración urbana de la ciudad, es crucial analizar el contexto previo. Durante las décadas de 1970 y 1980, en Panamá se implementaron políticas y se crearon instrumentos que sentaron las bases para el futuro desarrollo urbano. En primer lugar, se dio la creación del centro bancario internacional en 1970, que buscó consolidar al país como una plataforma de servicios financieros a nivel regional y global.

En este período se dio también la eliminación del límite de altura en las edificaciones, establecido en el reglamento de urbanizaciones de 1940, lo que permitió la construcción de rascacielos a partir de la década de 1970, transformando el perfil de la ciudad. En última instancia, se creó la ley de intereses preferenciales en 1985, un instrumento que serviría para impulsar el desarrollo inmobiliario a partir de la década de 1990. La crisis económica y política que aquejó al país durante buena parte de la década de 1980 puso en pausa el crecimiento económico y urbano de la ciudad de Panamá.

Tras la invasión, la década de 1990 se caracterizó por el ajuste económico. El enfoque neoliberal se centró en la privatización de empresas públicas, como el Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL) y el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), y la concesión de activos logísticos como los puertos y el ferrocarril.

En paralelo, se buscó integrar los bienes revertidos con la devolución del Canal a través de ejercicios de planificación urbana, como el Plan Metropolitano del Pacífico y Atlántico (2000) y el Plan para el desarrollo de la Región Interoceánica (1997). Estos planes buscaban preparar una estructura de integración para el desarrollo de las áreas revertidas, con la esperanza de lograr “el mayor beneficio común posible”.

El retiro de las bases militares estadounidenses, que durante décadas habían representado una importante fuente de ingresos para la economía de las ciudades portuarias de Panamá y Colón, planteó serios desafíos. Un estudio realizado por INDESA en 1995, titulado Impacto económico del retiro de las bases militares estadounidenses, analizó las consecuencias del cierre de las bases.

En lo que respecta a los ingresos en concepto del pago de salarios, se estimaban en B/56 millones, además de B/17,4 millones en pensiones a trabajadores panameños en las bases, pagados anualmente. INDESA estimaba que el 42 % de los alquileres en ciudad de Panamá y Colón correspondían a los alquileres realizados por personal norteamericano, con un promedio de B/1.036.00 mensuales, bastante más alto que el promedio de B/300,00 que se pagaba en las viviendas alquiladas por panameños. El impacto total del retiro de las bases en 1994 se estimaba en B/294 millones solo para ese año.

La ampliación del Canal y un crecimiento económico y urbano acelerado

El período de cierre de las bases militares en 1999, y los años iniciales de la administración panameña del Canal, de 2000 a 2003, fueron de un crecimiento económico débil, que osciló entre el 0,5 % en 2001 y el 4,2% en 2003. Sin embargo, la aprobación vía referéndum en 2006 de la ampliación del Canal generaría una onda de shock en la economía y el desarrollo urbano e inmobiliario de Panamá.

Para el panameño de a pie, el crecimiento de la ciudad fue un tsunami inesperado de cambios. De una ciudad en donde el promedio del PIB del sector construcción se encontraba en B/540 millones, se pasó en 2007 a unos montos de inversión que iniciarían en B/1.498 millones en 2007, hasta llegar a B/13.342.4 millones en 2019, 13 veces su tamaño al inicio del boom en 2006.

El shock por la velocidad del desarrollo urbano generó conflictos entre desarrolladores y las comunidades que manifestaban su descontento a través de acciones legales y protestas, argumentando falta de planificación, la violación de las normativas y el impacto negativo en la calidad de vida. La falta de infraestructura adecuada para soportar los desarrollos propuestos sigue siendo un desafío importante en un entorno en donde se ha pasado de casas individuales a edificios de 40 pisos y 300 apartamentos.

Entre 2000 y 2020, la huella urbana de la Ciudad de Panamá aumentó de 15.280 a 27.661 hectáreas, con un 55 % de crecimiento en ese período. La hiperverticalización la posicionó entre las capitales latinoamericanas con más rascacielos (2006-2012), incluyendo la antigua torre Trump —segunda más alta de la región—. Este crecimiento acelerado, impulsado por incentivos a la construcción y falta de planificación urbana, generó la expulsión de la población a la periferia y largos traslados diarios hogar-trabajo, que promedian entre 60 a 90 minutos por trayecto.

En la actualidad, la economía panameña enfrenta la desaceleración del sector inmobiliario y de construcción, un alto endeudamiento y déficit fiscal. A esto se suma el rezago en infraestructura básica en sectores como el agua potable, saneamiento, carreteras, transporte público y movilidad, además de la crisis en el manejo de desechos sólidos.

Con el fin de revertir esta situación, el gobierno panameño busca reactivar la economía a partir de un programa de construcción de megainfraestructuras como el tren Panamá-Costa Rica (B/4.000 millones), un nuevo embalse para el Canal de Panamá (B/1.600 millones) y la ampliación del Aeropuerto de Tocumen (B/1.200 millones), entre otras inversiones de infraestructura, tratando de emular la dinámica que se dio durante la ampliación del Canal (2006- 2015), en momentos en los que la población se ve aquejada por el aumento en el desempleo (9 %) y la informalidad (50 %).

La invasión de 1989 marcó el fin de la dictadura de Noriega en Panamá, y también coincidió con la caída del Muro de Berlín y el inicio del fin de la mayoría de las dictaduras que habían dominado el escenario político, tanto en Europa del Este como en América Latina. Treinta y cinco años después, la promesa de la democracia liberal de mayor progreso y bienestar contrasta con los males generales de la ciudad de Panamá y de la mayor parte de las ciudades alrededor del mundo: expansión acelerada, expulsión de las clases medias y trabajadoras de los centros urbanos, crisis del acceso a la vivienda, soledad, déficit de espacios públicos y degradación ambiental. (Carlos Gordón/Latinoamérica21)