El joven, detenido en marzo bajo denuncias de “deterioro a bienes públicos”, por supuesto pintarrajeado de las paredes de la Fiscalía General en agosto de 2020, está a un mes de cumplir esa medida cautelar impuesta por la justicia.

En este tiempo pasó su detención en tres recintos: San Roque en Sucre, Cantumarca en Potosí y San Pedro de Oruro. Su defensa denuncia que existe un montaje para tratar de mantenerlo encarcelado e incluso ser trasladado a Chonchocoro en La Paz.

Un caso de supuestas agresiones a un recluso es armado “desde arriba”, según explica Daniela Hidalgo, madre de Yassir Molina, con el único objetivo de perjudicar, mantener en detención preventiva o trasladar a Chonchocoro al integrante de la RJC.

Declaraciones de un privado de libertad no identificado, fueron amplificadas en calidad de “víctima” de las supuestas agresiones que Molina “le propinó” dentro del penal de Cantumarca en Potosí, un aparente hecho que motivó el motín de reos del viernes, y que derivó en el traslado del joven cochabambino a una cárcel en Oruro.

En ese marco, Hidalgo considera que todo este panorama está diseñado “desde arriba” para atentar contra la integridad de su hijo, quien lleva siete meses en detención preventiva.

Ya el viernes en la audiencia que dispuso el traslado de Molina al penal de San Pedro de Oruro, su defensa advirtió que existe la sospecha de un intento de traslado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro de La Paz, situación que pondría en riesgo la vida del joven activista, porque se conoce de amenazas de muerte que surgieron desde ese recinto.

Asimismo, se cuestionó el solo hecho de que se mencione esa posibilidad de traslado, porque Molina no es un reo sentenciado y no podría ser llevado a un centro donde conviven asesinos, violadores y otros sujetos que cumplen condenas de hasta 30 años.

Sobre las nuevas denuncias en su contra, Molina declaró al diario El Potosí que el delegado de la población de Cantumarca es quien realiza cobros irregulares y amedrenta a los internos.

Asimismo, negó que él haya “extorsionado” a cualquier persona, como también se trata de forzar en su contra.

“Aquí no hay una pugna de poder como indican. Nosotros vivíamos en un pabellón totalmente diferente, totalmente aislados. A mí no me interesaba entrar a la población ni se hizo ningún cobro irregular. Gracias a la ayuda, llegó pintura y otras cosas para mejorar los ambientes”, agregó Molina que ya había realizado obras de acción social en el penal de San Roque en Sucre, donde estuvo en primera instancia.

Sobre Molina y otros cuatro miembros de la RJC pesan denuncias por presuntos daños a bienes públicos como el pintarrajeado de paredes de la sede del Ministerio Público en Sucre, por protestas realizadas en agosto de 2020, cuando se pedía la renuncia del fiscal general Juan Lanchipa. (VisorBolivia)