Los vecinos del Distrito 16 de La Paz anunciaron marchas en contra de la Fiscalía por dilatar investigaciones a las denuncias de corrupción que presentaron en contra de varios funcionarios públicos que incurrieron en corrupción, como nombramientos ilegales o generar daño económico, manifestó la presidenta de la junta vecinal de la urbanización Primavera, Adelaida Flores.

“Marcharemos a la Fiscalía para exigir una investigación en contra del interventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), Bladimir Iraizos, debido a que en reiteradas oportunidades presentamos denuncias penales por los delitos de legitimación de ganancias, enriquecimiento ilícito y beneficios en razón del cargo, denuncias que fueron rechazadas por una serie de observaciones que no tienen asidero”, dijo Flores.

Flores advirtió que el fiscal departamental, William Alave, presuntamente protege a Iraizos, por la negativa a iniciar un proceso, por el sobreprecio en la compra de dos volquetas.

“Hemos presentado denuncia penal con pruebas documentadas a la Fiscalía, en el que se demuestra claramente que existe sobre precio y alteración de las especificaciones técnicas en la compra de dos volquetas y extrañamente fueron rechazadas”, aseguró.

Flores, informó que luego de un ampliado de vecinos determinaron movilizarse contra la corrupción en Epsas, porque no atienden sus demandas en la prestación del servicio y cada vez suman los actos de corrupción.

“Nuestros vecinos están muy molestos, porque no aprueban nuestras demandas de agua y encima hay corrupción y sueldos jugosos para el personal administrativo, nos enteramos que el interventor de Epsas se llena de administrativos y deja de lado la contratación de personal para el área técnica y operativa, existen sobreprecios en la compra de maquinaria y equipos, es una pena que las autoridades no hagan nada para esclarecer estas denuncias”, concluyó.

NUEVAS

DENUNCIAS

Trabajadores de la firma que pidieron mantener su nombre en reserva y munidos de documentación aseguraron que por falta de atención de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), existe un manejo discrecional de los recursos económicos y politización en la contratación de personal, muchos de estos sin la formación profesional y la experiencia para ocupar el cargo, lo peor que se otorgan ítems y salarios por encima de las posibilidades de la empresa.

Un trabajador del área técnica, manifestó que: “recientemente el interventor aprobó una reestructuración del personal que atenta contra la salud financiera de la empresa, creando un organigrama que se asemeja a un ministerio de Estado, asignándose chofer, asistente personal, jefe de gabinete y un coordinador con movimientos sociales”.

Apuntó que en los últimos meses contrataron al exconcejal del municipio paceño, Mario Condori, como coordinador con movimientos sociales. Recordó que el exmunícipe fue enviado con detención preventiva imputado por violencia familiar y/o doméstica, tras agredir a su esposa, extremo que debería ser analizado por la coyuntura actual que busca eliminar todo tipo de violencia contra la mujer.

“Condori percibe un salario de Bs 11.000 y no tiene título profesional. El chofer del interventor es un dirigente la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Javier Clares, con un salario de Bs 6.104. Carlos Casso fue designado como jefe de gabinete, pregunto ¿cuál gabinete?”, cuestionó.

Los trabajadores advirtieron que faltan insumos para garantizar la potabilización del agua, recordó que antes los insumos se compraban del exterior y bajo estándares de calidad, ahora se los adquiere de proveedores de dudosa procedencia.

“Recientemente se incrementó el presupuesto de 14 a 17 millones de bolivianos para la compra de gas cloro, muchos trabajadores del área callan por temor a represalias y despidos, por todo ello creemos que en Epsas campea la impunidad y la falta de fiscalización de la AAPS, quien además es responsable de la intervención, es la instancia que posesionó al interventor para velar por la continuidad del servicio, para evitar se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera, para que se encamine la transferencia al nuevo operador. La lucha contra el desfalco y la corrupción también son tareas de las autoridades, los trabajadores, permanentemente hicimos denuncias a manera de alerta, lo que suceda después es responsabilidad de ellos” dijo.

Finalmente, uno de los trabajadores denunció que mensualmente son objeto de descuentos de sus salarios “cada mes nos descuentan para gastos de representación del interventor, el uno y dos por ciento de nuestros sueldos, indican que es para reuniones, almuerzos y cenas con dirigentes de organizaciones sociales, imagínese cuánto recauda, somos 600 trabajadores”, concluyó.

AAPS

En entrevista con este medio, la directora Ejecutiva de la AAPS, Karina Ordoñez, aclaró que la intervención a Epsas S.A., no implica que la misma este sujeta a una regulación, fiscalización y control especial o particular, sino que está sujeta a las ya establecidas por el marco legal regulatorio, advirtiéndose solo una particularidad, emergente de la intervención.

“El interventor debe presentar un Plan de Intervención, al cual se hace un seguimiento mensual de cumplimiento y este se limita ante toda asegurar la continuidad en la provisión de los servicios”, dijo.

Ordoñez aclaró que la AAPS conforme a las competencias, atribuciones y funciones establecidas en la Ley N° 2066 y DS N° 071 no tiene atribuciones para aprobar medidas de reestructuración administrativa en los operadores de servicio o Epsas ya que estas se rigen por su propia normativa.

“La intervención no implica la suspensión de funciones de las instancias de administración y fiscalización propios del operador de servicio o Epsa, los aspectos referidos deben ser representados, denunciados y tratados ante estas instancias, es decir sus directorios, en el caso de empresas públicas y sus consejos de administración y vigilancia en el caso de cooperativas. La AAPS, por mandato legal tiene circunscrita sus funciones a la gestión de los servicios y no aspectos administrativos de la Epsa”, aclaró.