La audiencia de Heber Sixto Canaza, único detenido por el secuestro a seis trabajadores de la prensa, tres policías y ocho civiles en la propiedad Las Londras, el pasado 28 de octubre, fue reprogramada para el próximo 27 de diciembre. El imputado busca salir en libertad irrestricta.

En noviembre pasado, Heber Canaza, fue enviado con detención preventiva, por seis meses, a la cárcel de Montero en el norte de Santa Cruz, tras ser imputado por la Fiscalía por los presuntos delitos de lesiones graves y leves, robo agravado, privación de libertad, amenazas, tenencia ilegal de armas de fuego y tentativa de homicidio.

En audiencia de medidas cautelares, los fiscales fundamentaron ante el juez que Heber Canaza se dedica a dirigir grupos de personas armadas con el único fin de ingresar a tierras, que supuestamente no tenían dueños y hacer desalojos violentos.

El ahora imputado fue aprehendido el pasado 24 de noviembre, en medio de disparos en contra de uniformados y fiscales.

VOCAL MASISTA

Por otro lado, la diputada María René Álvarez, manifestó que la exdiputada por el Movimiento al Socialismo (MAS), Arminda Méndez, será una de las vocales que atenderá la solicitud de cese a la detención de Heber Canaza.

“Es inadmisible la desvergüenza del MAS con el nombramiento de la vocal masisita Arminda Méndez, como parte del tribunal para determinar la situación de Heber (Canaza), el único detenido presuntamente encapuchado detenido por el caso Las Londras (…) sabemos que podría haberle otorgado libertar pura y simple a pesar de las pruebas de los delitos cometidos en San Julián contra periodistas, agricultores y policías”, declaró.

En ese marco, apuntó que Méndez debiera excusarse de conocer el caso.

“El sistema judicial debe designar a otro vocal en reemplazo de Arminda Méndez para impulsar una investigación y procesamiento del único detenido conforme la ley”, dijo.

Asimismo, señaló que la investigación por este hecho de violencia debe merecer mayor atención de parte del Gobierno, debido a que involucra la presencia de grupos irregulares armados que incluso “extorsionaron a las víctimas”.

DATOS

El pasado 28 de octubre, siete periodistas fueron secuestrados al mediodía y liberados en la noche, junto a policías y trabajadores de una propiedad agrícola, durante un conflicto entre productores y avasalladores de tierras en Guarayos, provincia ubicada a 200 kilómetros de la ciudad capital Santa Cruz de la Sierra, considerada el motor económico de Bolivia.

Los periodistas fueron transportados hasta el lugar por la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (Anapo) que pusieron a disposición vehículos para que los medios de prensa puedan realizar la cobertura informativa en el lugar donde un día antes un grupo delincuencial que portaba armas de fuego invadió la propiedad Las Londras, causando heridas de bala a cuatro trabajadores y se apropió de combustible.

“Lamentamos que esta acción violenta protagonizada por grupos irregulares se produzca un día después que organizaciones sindicales reunidas en torno a un Pacto de Unidad, emitieran un comunicado que condena el trabajo de los periodistas y medios de comunicación durante las elecciones de 2019 y 2020”, se lee en un comunicado que la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), emitió en esa fecha.

TESTIMONIOS

Roger Ticona, camarógrafo de la red televisiva PAT, pudo escapar y Anapo le facilitó una avioneta para retornar a la ciudad de Santa Cruz, donde llegó cerca de las 15 horas del jueves 28.

En su testimonio, relató que los enviados de los medios de prensa se encontraban a unos 800 metros del punto de conflicto, aguardando las negociaciones de la Policía Boliviana con un representante de los avasalladores, cuando fueron emboscados por personas encapuchadas y armadas.

“Nos bajaron de los microbuses. Yo estaba en el último vehículo y cuando vi lo que pasaba, salí corriendo al monte junto al conductor de la camioneta en la que me transportaba”, indicó.

Silvia Gómez, reportera de la red televisiva Unitel, no tuvo tanta suerte. “Estuvimos siete horas como rehenes. Tenían armas largas, que usaron para disparar contra nuestras cámaras y los vehículos que nos transportaron”.

“Nos golpearon con palos y recibimos patadas. Luego nos llevaron a un galpón, donde había cerca de 80 encapuchados, que nos siguieron golpeando, amenazaron con quemarnos con gasolina, nos preguntaban quién nos mandó y cuánto nos pagaron”, relató Gómez.

“A un colega le dieron (golpes) con la culata de la escopeta y lo golpearon como entre 20 personas. A pesar de que se identificaban como periodistas no querían soltarlos y en un momento decidieron llevarlos a otro lugar.

Ese mismo jueves 28, el jefe policial de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en Santa Cruz de la Sierra, Edson Claure, confirmó que el informe que le remitieron desde Guarayos da cuenta que en la zona opera un grupo delincuencial armado con armas largas.