“Los primeros casos irregulares que se detectaron son de estas personas que ya se ha dejado sin efecto estos beneficios (de la detención domiciliaria) y está nuevamente están cumpliendo condena”, afirmó.
Almendras precisó que una comisión de fiscales realiza la revisión, verificación y relevamiento de información sobre el estado actual de los casos con sentencias condenatorias ejecutoriadas radicadas en los juzgados de Ejecución Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con el fin de detectar a personas sentenciadas y que hayan sido beneficiadas con libertad de forma irregular.
“Se ha desplegado una comisión de la Fiscalía General del Estado, a efectos de realizar una revisión a los 18 juzgados de Ejecución Penal con los que cuenta el país, respecto a todos los antecedentes de las personas condenadas que hubiesen recibido algún tipo de beneficio y que actualmente estén con libertad y no cumpliendo su condena. Trabajo que hemos iniciado en la ciudad de Sucre y ahora en La Paz, donde se hará la revisión de los cuatro juzgados y uno de El Alto”, dijo Almendras.
La autoridad, explicó que una vez que se concluya con el trabajo de revisión de las carpetas se elaborará un informe para que se asuman las acciones que correspondan.
“Lamentablemente, estamos verificando que la autoridad jurisdiccional no cumple con notificar al Ministerio Público para que se pueda plantear algún mecanismo procesal y evitar que esas personas salgan en libertad. Se vino actuando de manera unilateral por parte del juez de ejecución penal dando estos beneficios”, agregó.