El abogado constitucionalista Williams Bascopé manifestó que el proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, tiene más de 20 artículos contrarios a la Constitución Política del Estado (CPE) y que la redacción es muy “ambigua”.

“He podido analizar el proyecto de ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo y puedo concluir que sus proyectistas no deben tener un mínimo de respeto a la Constitución y a la libertad de las personas, es una redacción general y ambigua. Esa ley de manera intencional podrá presionar, chantajear y hasta extorsionar a cualquier ciudadano, incluido al militante masista”, escribió Bascopé en sus redes sociales.

El jurista dijo que el proyecto de ley tiene más de 20 artículos contrarios a la Constitución y que a “título de lucha contra las ganancias ilícitas y el terrorismo, pretenden subyugar y chantajear a todos los ciudadanos”.

“Este proyecto de ley sin necesidad de orden de juez permite que la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras), a solo denuncia de la Fiscalía o la Policía levanten el secreto de todo profesional; nadie puede invocar secreto profesional, menos el secreto de fuente de los periodistas; incluido el secreto bancario se levanta; esto viola el Art. 106°, 21° de la Constitución”, escribió.

Otro punto observado por el jurista es que con el proyecto de ley se cataloga como sujetos obligados a dar información no solo a agentes o corredores de valores, sino a contadores y abogados.

“El secreto profesional no valdrá nada, así como también toda persona natural o jurídica que debe explicar su actividad y cómo obtuvo sus bienes. Los comerciantes tendrán que explicar de dónde provienen sus bienes, sus fiestas y prestes que ostentan”, advirtió.

“En caso de simple sospecha a título de investigación, la Fiscalía y la Policía podrán allanar cualquier bien inmueble y si ven por conveniente, podrán pedir a la UIF, realizar la retención de fondos, embargo de bienes y la incautación. La UIF hará de juez, ordenará y ejecutará todas estas medidas”, precisó.

Aclaró que no solo la Fiscalía y la Policía podrán hacer la investigación, sino también el Ministerio de Justicia y la Procuraduría General del Estado, podrán calificar qué bienes son sospechosos y pedir su retención, embargo o anotación preventiva a la UIF.

“Ningún funcionario de la UIF, podrá ser denunciado o perseguido judicialmente, aunque este funcionario sea un corrupto chantajista o extorsionador. Se les otorga inviolabilidad e inmunidad más que a un parlamentario. Esta ley es aberrante, coarta muchas libertades y es contrario a la Constitución, puede ser usado por funcionarios públicos corruptos para extorsionar o chantajear a cualquier ciudadano que no sea del agrado del gobierno o sea opositor político”, advirtió.

Asimismo, explicó que este proyecto de ley no determina monto ni límites a nada de lo investigado, por lo que cualquier patrimonio o monto está sujeto a investigación.

“Desafío a cualquier parlamentario del MAS (Movimiento al Socialismo), o a su Ministro de Justicia, a debatir este proyecto de ley en público y si quieren por su canal estatal, artículo por artículo; y demostraré cómo la mala redacción general de ese proyecto de ley es ambigua y viola la Constitución”, finalizó.