El abogado y exalcalde de La Paz Juan del Granado manifestó que la propuesta de reforma judicial, presentada por el ministro de Justicia, Iván Lima, en septiembre pasado, carece de profundidad porque no toca el tema presupuestario, lucha contra la corrupción, entre otros temas fundamentales.

“Sus ejes apenas apuntan a una redistribución de jueces (balanceo), a procesos meritocráticos y descolonizadores (independencia), y a soluciones TIC con plataformas informáticas y transparencia para luchar contra la corrupción”, dijo.

Explicó que la propuesta socializada por Lima no refiere nada del nombramiento de jueces supremos, donde se concentró la dependencia política, la corrupción y las irregularidades.

“Tampoco hay referencia al mísero presupuesto judicial que llegaba al 0,5 % del presupuesto general y que este 2021 apenas alcanza al 0.46 %, porque, para peor, ha sido reducido en 7 puntos. No se habla de la justicia indígena, venida a menos y tampoco de la necesaria incorporación de la justicia de paz, ambas para que la justicia llegue a todos”, advirtió.

Del Granado advirtió que son cinco carencias centenarias en la administración de justicia, que no atiende el supuesto “programa” del Gobierno.

“Las carencias de independencia e idoneidad de los jueces que, por la forma de su nombramiento, están sometidos al poder político; la carencia de recursos, con un presupuesto que apareja condiciones miserables de trabajo; la falta de acceso a una justicia, con pocos jueces hacinados en las ciudades principales, y la ausencia de estrategia estatal ya que cada gobierno vuelve a inventar la pólvora de la reforma judicial, con nuevas revoluciones y nuevas cumbres que se vuelven papel mojado solo en días o semanas”, lamentó.

CRISIS

Para el jurista, la polaridad y tensión por la que atraviesa el país revela una profunda crisis de confianza de la sociedad respecto del Estado. Dijo que todas sus leyes parecen sospechosas por lo que una buena parte de la población presume la culpabilidad autoritaria del Gobierno en cada uno de sus actos.

En ese marco, dijo que solo una correcta administración de justicia puede darle certezas tanto al Gobierno como a la sociedad.

“Si una ley va en contra de la Constitución un verdadero Tribunal Constitucional la anulará. Si otra ley viola los derechos de la gente así lo dirán jueces imparciales que la eliminarán. No será necesario que paremos y salgamos a las calles. Las leyes no acaban con la corrupción, el mecanismo para encarar la corrupción y la impunidad es, precisamente, una justicia independiente”, apuntó.

Del Granado dijo que a poco más de un año del gobierno de Luis Arce es posible encontrar luces y sombras, empero la polarización política impide visiones equilibradas ya que para unos las luces han eliminado las sombras y para los otros todo está oscuro.

“Hasta los más luminosos coinciden en que la reforma de la justicia ha quedado en el tintero, si no está olvidada en el basurero. El propio presidente en su informe del 8 de noviembre, admitió que recién el 2022 será la primera cumbre de su Gobierno pero la tercera del masismo que, en 15 años, nunca encaró una verdadera reforma judicial, agravando, con el autoritarismo y el hegemonismo, la crisis nacional de la justicia y sus carencias centenarias”, lamentó.

Finamente, advirtió que no hay verdaderos “programas” o “procesos de reforma judicial” de parte del Gobierno ya que en noviembre de 2020 el Ministro de Justicia anunció una reforma constitucional sobre la justicia, posesionó una comisión de juristas prestigiosos y al cabo de unos días dejó todo sin efecto, anunciando otro “programa de reforma” para agilizar los trámites de adopción y cambiar el sistema de registro de Derechos Reales.