Además de interrumpir abruptamente y a gritos la labor de la periodista, la funcionaria jaló de la credencial que llevaba en el cuello, para verificar si evidentemente era trabajadora de la prensa, y le exigió borrar el material obtenido, según denunció La Patria.
El incidente tuvo lugar el 30 de marzo pasado, cuando una periodista del diario local se encontraba en el interior del edificio de Correos tomando fotografías del inmueble patrimonial con la finalidad de registrar en imágenes el deterioro de la edificación.
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que representa a los principales diarios de Bolivia reiteró que está vigente el artículo 106 de la Constitución Política del Estado (CPE) que en su parágrafo segundo “…garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa”.
“No pueden tomar fotos, seamos más coherentes, me pueden meter en un problema, todo lo que quieran hacer tiene que pasar por mi oficina, tienen que consultarme. La agencia no es cualquier espacio donde ustedes pueden venir y caminar, todo tiene permiso, no se puede entrar directo a tomar fotos”, fueron algunas de las palabras expresadas por la funcionaria al increpar a la periodista.
El procedimiento a seguir, según explicaron al diario impreso, “toda persona” que desee tomar fotos del edificio, debe solicitar un permiso escrito previo ante la responsable de la agencia en Oruro, quien remitirá dicha misiva a la autoridad nacional en la ciudad de La Paz, y aguardar una respuesta en tres días.
DATOS
El edificio de “La Casa de Correos y Telégrafos” de Oruro, ubicado cerca de la plaza principal 10 de Febrero, en la calle Presidente Montes, está categorizado como Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico.
Su construcción fue concluida en 1926, en plena época republicana. Allí funcionaban las oficinas de la Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol), que fue cerrada por el Gobierno hace un par de años. Varias instituciones estatales solicitaron la cesión de la infraestructura para el funcionamiento de sus oficinas.
Habitualmente, los edificios patrimoniales, que en muchos casos son edificios oficiales, se consideran parte de los lugares turísticos por lo que no se prohíbe la obtención de imágenes.