El proceso que se inició contra choferes y el otrora autonombrado presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz Jesús Vera por la quema de 66 buses Pumakatari, en noviembre de 2019, no tuvo “buen patrocinio”. El nuevo equipo jurídico de la Alcaldía de La Paz busca revertir esa situación, informó a EL DIARIO el director jurídico José Gonzales.

La noche del 10 de noviembre de 2019, luego de la renuncia de Evo Morales, varios grupos de personas quemaron 66 buses municipales en los patios de Chasquipampa y Achumani. La resistencia a los ataques surgió de una iniciativa de funcionarios de La Paz BUS junto a los vecinos.

Gonzales precisó que por la quema de los buses se inició el proceso penal contra 25 choferes, entre ellos Rubén Sánchez y Mario Silva. De esta denuncia hubo 22 rechazos y tres sobreseimientos.

El 12 de diciembre de 2019, el Juzgado 1ro Anticorrupción de la zona Sur de La Paz determinó la detención preventiva de dos dirigentes del Sindicato de Transporte 14 de Septiembre, Aurelio Q. M y Nicanor CH. C.

“En la audiencia de medidas cautelares, el Ministerio Público fundamentó con pruebas suficientes los riesgos procesales de los dirigentes que podrían obstaculizar la investigación o influir negativamente en los testigos y partícipes de los hechos, además no pudieron demostrar una fuente laboral fija”, señaló en la oportunidad la fiscal del caso Martha López.

Ayer, el director jurídico del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Gamlp) manifestó que los choferes imputados fueron sobreseídos y el equipo jurídico de la gestión del alcalde Luis Revilla (2010-2021) no impulsó más actuados procesales.

“Ni siquiera se notificó con los sobreseimientos, y cuando nos hicimos cargo oficial de la dirección jurídica nosotros nos apersonamos, nos hicimos notificar y por supuesto hemos impugnado, porque hemos verificado que ni si quiera se realizó la Inspección Técnica Ocular, es decir que no hubo actos investigativos propuestos por el Gamlp”, refirió.

JESÚS VERA

Otro proceso que el Gamlp abrió por este caso fue contra Jesús Vera, otrora autonombrado presidente de la Fejuve y candidato a diputado por el Movimiento al Socialismo (MAS).

Vera, quien es investigado por la presunta comisión de los delitos de instigación pública a delinquir y destrucción de bienes del Estado, fue enviado con detención preventiva el 22 de noviembre de 2019, al penal de San Pedro de La Paz.

El 21 de noviembre de 2019, Vera se había presentado voluntariamente a declarar y fue aprehendido. “Nosotros no hemos instigado ningún acto de violencia. Solamente estamos esperando que se respete nuestro derecho constitucional. Rechazamos esta actuación judicial”, dijo Vera en la oportunidad.

El 6 de marzo de 2020, un juez decidió que Jesús Vera salga de la cárcel de San Pedro y cumpla detención domiciliaria sin custodio, además debía cumplir con un arraigo, presentación de tres garantes y firmas cada 15 días en la Fiscalía.

El 5 de octubre de 2020, el exdirector de Asuntos Jurídicos del Gamlp, Fernando Velásquez, anunció que solicitaría que el exdirigente regrese a la cárcel por haber violado la detención domiciliaria. Desmintió que la justicia haya declarado inocente a Vera, como horas antes había asegurado el exdirigente.

“El señor Vera deberá responder por qué ha hecho esta conferencia incumpliendo la medida cautelar de detención domiciliaria”, expresó en la oportunidad Velásquez.

Velásquez aclaró que el proceso ya tenía acusación formal y estaba por ingresar a juicio oral toda vez que se demostró ante el Ministerio Público que la destrucción de los buses fue planificada un día antes del hecho. Incluso se habrían utilizado sustancias ‘acelerantes’ para el incendio, pero esos peritajes debieron ser consolidados por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDF).

Gonzales informó que el Tribunal devolvió al juzgado los actuados porque hay una apelación, respecto al permiso laboral que solicitó el exdirigente, que no fue resuelta.

“Nos hemos encontrado con un panorama sombrío y hemos tomado las acciones. Con la quema de los buses se ha estimado un daño aproximado de 80 millones de bolivianos, monto que fue cubierto por el seguro”, precisó Gonzales a tiempo de recordar que este episodio dejó un trauma en los paceños.

EPSAS

El 11 de diciembre de 2019, el exinterventor de la Empresa Pública de Social de Agua y Saneamiento (Epsas), Humberto Claure, fue enviado con detención preventiva a la cárcel de San Pedro de La Paz, imputado por los delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos y financiamiento al terrorismo.

Tras la renuncia de Evo Morales se registraron numerosos hechos de violencia, robos y saqueos ocasionados por afines a Morales. Posteriormente, circularon en redes sociales fotografías que mostraban vehículos de Epsas trasladando a grupos de choque afines al MAS para ocasionar destrozos en varias zonas de la ciudad de La Paz.

El fiscal asignado al caso, Samuel Lima, afirmó en la oportunidad que se encontraron elementos suficientes para proceder al encarcelamiento de Claure.

El exinterventor se declaró inocente y manifestó que él nunca dio órdenes de traslado a los vehículos de la firma.

La Alcaldía de La Paz denunció a Claure por trasladar a grupos de vándalos en vehículos de la institución, quienes quemaron los buses municipales PumaKatari y una Estación Policial Integral (Epi) en Chasquipampa.

“El caso del exinterventor de Epsas, Marccel Humberto Claure Quezada, estaba con acusación sin embargo él ha incidentado una actividad procesal defectuosa y se le ha dado curso. Se ha anulado la acusación y el proceso hasta el momento de emitir resolución conclusiva de la etapa preparatoria, es decir, que han emitido un sobreseimiento a favor del exinterventor de Epsas, a la fecha se ha impugnado ese sobreseimiento”, apuntó Gonzales.