En Bolivia, el índice de condenas contra los feminicidas no solo es reducido, sino que lograr una sentencia en primera instancia representa para los familiares de las víctimas un vía crucis que puede durar tres años o más en cerca del 50 % de los casos, según una investigación desarrollada por un equipo de periodistas.

Entre 2013 y agosto de 2021 se cometieron 969 feminicidios en todo el país, pero únicamente el 27 % (262) obtuvieron condena hasta la fecha. De esta cifra, en el 47 % de los casos, el proceso judicial se demoró más de tres años, pese a que el Código de Procedimiento Penal establece que todo caso ventilado en los estrados judiciales no debe superar este tiempo.

“De las reducidas causas que llegan a sentencia en primera instancia en Bolivia, hasta un 47 % duró entre tres y más años, según las 173 carpetas de investigación de feminicidios obtenidas y analizadas por el Fondo de Población de las Naciones Unidas en Bolivia (Unfpa) a las que accedió el equipo de investigación”, se lee en el informe publicado por tres periodistas.

De acuerdo con la investigación, 359 de los 969 feminicidios (o sea el 37 % del total) aún se ventilan en los estrados judiciales; 263 están impunes pues se cerraron, fueron sobreseídos o los principales sospechosos resultaron absueltos.

“Según estos datos, existen más casos impunes donde la justicia no dio con los autores o los capturaron para luego liberarlos por no cuidar las pruebas o ni siquiera buscarlas. Además, hay nueve procesos desestimados que pasaron a ser juzgados por otro tipo penal que tiene una condena menor”, detalla el reporte periodístico.

Llaman la atención el estado en que se hallan los procesos judiciales en los departamentos de La Paz y Oruro. En el primer caso, el número de feminicidios en estos ocho años y ocho meses suman 333, pero solo 51 obtuvieron condena y 107 están impunes. Con referencia a Oruro, de 74 feminicidios, solo 13 tienen sentencia y 23 están impunes.

CAUSAS DE LA DILACIÓN

Según el análisis realizado por el equipo de periodistas, la dilación de justicia se da desde el inicio del proceso. La etapa preliminar, que debería durar máximo ocho días según normativa boliviana, supera este periodo en el 47 % de los casos revisados, llegando incluso a sobrepasar los 90 días. “En la etapa preparatoria, que debe durar seis meses, en un 40 % duró más, incluso hasta más de 12 meses, incumpliendo así el principio de celeridad y la debida diligencia, según la Unfpa. Si bien la normativa permite una ampliación de hasta 18 meses, se comprobó que en ese periodo la Fiscalía no realizó actos investigativos en un 36 % de los casos”.

Las condenas obtenidas entre 2013 y agosto del 2021 se dieron por procedimiento abreviado o por juicio oral, sin embargo, no se conoce el dato de las sentencias ejecutoriadas (es decir la condena definitiva, cuando ya no se puede interponer ningún recurso) pues las instancias correspondientes se encargan de que la cifra no sea pública, revela la investigación.

El equipo que desarrolló el trabajo forma parte de la comunidad de periodistas de investigación acceso y connectas. Pero, además, dos de las periodistas forman parte de la Red de Periodismo para una Vida Libre de Violencia, creada en el marco del proyecto Vida Sin Violencia, un proyecto de la Cooperación Suiza en Bolivia en alianza con la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI), implementado por Solidar Suiza.

Los hallazgos de la investigación fueron compartidos en un conversatorio con periodistas de la Red, con quienes no solo se reflexionó acerca de los datos obtenidos, sino sobre la metodología aplicada para el de trabajo y la manera en que se empleó el enfoque de género en la reportería y elaboración del reportaje final. (Red de Periodismo para una Vida Libre de Violencia)