La audiencia de juicio del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, que debió realizarse a las 10.00 horas de hoy en Estados Unidos, se postergó para el próximo 9 de julio, según información del portal Detrás de la Verdad. La exautoridad y otras cuatro personas son acusadas por los delitos de lavado de dinero y sobornos.

Los últimos días de mayo se supo que Murillo, su exjefe de gabinete, Sergio Méndez, y los ciudadanos estadounidenses Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld fueron detenidos en los estados de Florida y Georgia. Rodrigo Mendizábal y Murillo se encuentran con detención mientras que los tres estadounidenses están en libertad condicional.

De acuerdo a una publicación de La H Parlante, Philip Lichtenfeld supuestamente cooperó con las transacciones bancarias para mover el dinero del Banco Central de Bolivia a Tamarac y de ahí a Río de Janeiro.

El autor de la investigación que ha llevado a los arrestos es Jonathan Eades del Departamento de Seguridad Interna de su país (Homeland Security) conocido como HSI por sus siglas en inglés. El reporte tiene 25 páginas y es la base informativa del juicio que iniciará hoy.

“1. Jonathan Eades tiene claro que los principales acusados deben ser Luis Berkman, Bryan Berkman, Rodrigo Méndez y Philip Lichtenfeld. Esa es la lista que encabeza su reporte.

2. Se menciona además a dos bolivianos, cuya identidad se preserva en secreto. Se los etiqueta como conspirador 1 y conspirador 2. El primero sería un exalto funcionario del Ministerio de Gobierno, el segundo, del Ministerio de Defensa.

3. ¿Quiénes lavaron dinero? Todo indica que la lavandería es una de las empresas de los Berkman (BTS) localizada en Tamarac. Allí llegaron los 5,6 millones de dólares remitidos por el Banco Central de Bolivia. Para ese delito, la pena máxima en Estados Unidos es de 20 años de cárcel.

4. ¿Quiénes entregaron y quiénes recibieron el soborno? Según el agente de HSI, Jonathan Eades, hubo dos coimas, una grande y otra chica. La grande fue entregada al Rodri, es decir, a Méndez. Fueron 582 mil dólares puestos en efectivo en la ciudad de Cochabamba. La mordida chica fue para conspirador 2, quien pidió que el depósito de 20 mil dólares sea transferido a un familiar suyo en Estados Unidos. Los corruptores se quedaron con la mayor parte del sobreprecio por la compra de gases lacrimógenos. Se trata de 2,2 millones de dólares de ganancia. De ese monto, extrajeron el dinero para los dos sobornos. Eso quiere decir que la familia BTS se quedó con un millón 598 mil dólares. La pena máxima por soborno en Estados Unidos es de 15 años de cárcel.

5. ¿Dónde entra Arturo Murillo en todo esto? Cabe suponer que él es conspirador 1. Eades no adjudica a dicha identidad encubierta ni un solo delito, ni una sola prueba. El probable Murillo no whatsappea con nadie, no tiene cuentas investigadas. ¿Por qué está preso entonces?

6. El otro sobornado, además de Rodrigo, es conspirador 2. Está claro que el exministro de Defensa Fernando López y no Murillo quien carga formalmente con la responsabilidad mayor. Para comenzar la compra de los gases no fue hecha por el Ministerio de Gobierno, sino por el despacho de López Julio. Al menos para Bolivia, él debería ser el principal acusado.

El exministro de Defensa está en Brasil, el país donde se fabricaron y vendieron los gases. En su trino de respuesta al caso, ha celebrado lo hecho por la HSI. ¿Es porque sabe que todo caerá en las espaldas de Murillo? Por lo menos el gobierno del MAS se está ocupando con entusiasmo de ello.

7. ¿El siguiente detenido es López Julio?, ¿actuará Brasil en ese sentido?

8. El gobierno del MAS está buscando demostrar que Murillo recibió el dinero de manos del Rodrigo. Para ello ha descubierto cuatro cajas de caudales del Banco Nacional de Bolivia, a las que acudía el excuñado de Murillo (hoy preso) a fin de sacar mochilas llenas de dinero.

9. No cabe duda de que el caso de la compra con sobreprecio de los gases lacrimógenos es un duro revés para Jeanine Añez (también presa). La salida del país de 5,6 millones de dólares hacia Tamarac no es un hecho que pueda pasar desapercibido por la plaza Murillo. Otro posible imputado podría ser José Luis Parada Rivero, en ese momento, ministro de Hacienda, quien tuvo que autorizar la transferencia. Eades registra en su reporte una inicial resistencia de Parada a hacerlo”, se lee en la publicación de La H Parlante.

TAMARAC

Tamarac es una ciudad de 60 mil habitantes en el Estado de La Florida, Estados Unidos. Forma parte del área de Fort Lauderdale, precisamente el sitio en el que Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, exautoridades bolivianas, comparecieron ante un tribunal federal por los hechos luctuosos de octubre de 2003. La sentencia está aún pendiente.

En Tamarac residen Luis Berkman y su hijo Bryan. Son gerentes propietarios de tres empresas especializadas en el comercio de armas.

Luis Berkman, quien también alterna su rutina con temporadas en Georgia, es cochabambino, amigo de Arturo Murillo.

Una nota de El Deber, da cuenta de que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) descubrió en abril de 2002 que los ministros de gobierno Walter Guiteras, Guillermo Fortún y Leopoldo Fernández se embarraron en un negociado con la compra de equipos anti-motines y gases lacrimógenos para la Policía.

El hecho de corrupción se produjo en abril de 2000 cuando la empresa Berkman Sport le vendió al Gobierno boliviano equipamiento anti-disturbios por un valor de 1,8 millones de dólares.

La compra se hizo con el aval del ministro Guiteras. Los gases y equipos fueron entregados a la Policía por su sucesor Guillermo Fortún. Sin embargo, las alarmas comenzaron a sonar cuando Leopoldo Fernández asumió el despacho, ya bajo la Presidencia de Tuto Quiroga que había reemplazado a Banzer por enfermedad.

¿Hubo sanción?, la única represalia vino también de Estados Unidos. Las visas de Leopoldo Fernández, de Peter Sueldo, yerno, el ministro y secretario administrativo del despacho y de otros funcionarios fueron retiradas con lo que ya no podían ingresar al país del norte. Las indagaciones sobre el caso también se hicieron con el apoyo de agencias norteamericanas como el FBI.

Hoy Luis Berkman está bajo libertad provisional mientras se sustancia la causa en su contra.

REPRESENTACIÓN

El Gobierno, a través de la Procuraduría General del Estado (PGE), contrató al bufete de abogados Greenberg Traurig para hacer un “seguimiento pormenorizado” del caso que involucra a Murillo, informó ayer el procurador y expatrocinador de Evo Morales, Wilfredo Chávez, en entrevista con radio Cepra.

Greenberg Traurig se presenta en su página web como un bufete internacional de servicios integrales que cuenta con aproximadamente 1.750 abogados que atienden a clientes en más de 35 oficinas en Estados Unidos, América Latina, Europa, Medio Oriente y Asia.

Asimismo el expatrocinador de Evo Morales anunció que instaurará una acción civil contra Murillo, para reparación del daño y cuantificación de los daños que se hicieron al margen de la devolución de los dineros.